Se exige que el presupuesto para el 2024 sea de S/ 22 millones para la atención en salud de las personas afectadas por las actividades extractivas de la minería e hidrocarburos. Actualmente más de 10 millones de personas viven expuestos a este tipo de contaminación en el país.
16:00 | 09 de noviembre de 2023.- Ante la indiferencia de las autoridades, las y los afectados por metales tóxicos por las actividades extractivas en 13 regiones del país llegaron al Congreso de la República para exigir el aumento en S/ 5 millones del presupuesto actualmente asignado y alcanzar en 2024 los 22 millones, suma que permitirá la atención en salud de las personas contaminadas por metales tóxicos, así como la remediación del medio ambiente.
Alrededor de 25 personas integrantes de la “Plataforma Nacional de Personas afectadas por metales Tóxicos” señalaron que el presupuesto actual es insuficiente y expresaron su preocupación a través de una representación simbólica de la contaminación de los metales tóxicos en sus cuerpos y territorios, causados por la explotación de la minería e hidrocarburos en sus comunidades. Las y los representantes señalaron que el presupuesto actual destina aproximadamente solo S/1 para atender a cada mujer expuesta y S/ 1.50 a cada varón expuesto.
El incremento presupuestal planteado permitiría financiar la identificación y atención de la población afectada, principalmente la atención integral en salud y vigilancia epidemiológica. Además, permitiría identificar las zonas contaminantes, como las fuentes de agua contaminadas por las actividades extractivas, por mencionar algunas de las acciones más urgentes del Plan Especial Multisectorial de Atención a Personas Afectadas.
En el país existen 43 provincias en situación de emergencia ambiental que pone en riesgo la salud y vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
Algunas de las zonas más impactadas por la contaminación de metales tóxicos son Cerro de Pasco, cuya población respira hasta 15 metales pesados debido a los pasivos ambientales. Espinar (Cusco), donde el 80% de su territorio se encuentra expuesto a arsénico en el aire debido a la actividad minera en la zona
La Oroya (Junín) es identificada como la quinta ciudad más contaminada del mundo debido a la presencia del plomo, azufre, cadmio y arsénico en el ambiente. Así también, Choropampa (Cajamarca) donde más de un millar de personas siguen enfrentando las consecuencias del derrame de mercurio en el 2000, sin lograr mayor atención por parte del Estado peruano.
La Plataforma Nacional de Personas afectadas por metales Tóxicos es una organización que actualmente cuenta con representantes de 13 regiones del Perú: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco, Puno, Huancavelica, Loreto, Lima y la provincia constitucional del Callao. Exigen que se atiendan los problemas que afectan el medio ambiente y la salud humana por la exposición a los tóxicos emanados a consecuencia de las actividades extractivas desarrolladas en sus territorios (minería, hidrocarburos y otras actividades antropogénicas), que atentan contra la vida de más de 10 millones de personas en el Perú.