Por primera vez, una norma municipal en la provincia de Satipo reconoce formalmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incorpora su participación activa en las decisiones públicas y sienta las bases para una gestión intercultural en todos los niveles del gobierno local.
Satipo, 24 de junio de 2025. – En una decisión sin precedentes, la Municipalidad Provincial de Satipo aprobó una ordenanza municipal que reconoce, valora y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas u originarios de la provincia: Asháninka, Nomatsigenga y Kakinte. Se trata de una norma construida de manera participativa, que busca transformar la gestión pública desde un enfoque intercultural, garantizando el respeto por la diversidad cultural y lingüística.
Entre los avances más relevantes de esta ordenanza están la implementación progresiva de señalética en lenguas originarias, la validación de los símbolos de autoridad como la cushma o la corona, la incorporación de los planes de vida comunales en la planificación local, y la garantía de servicios públicos con pertinencia cultural. Asimismo, establece mecanismos de prevención, atención y sanción frente a actos de discriminación.
“Debe estar claro que las organizaciones indígenas desde hace años han estado exigiendo un espacio donde puedan analizar sus necesidades y actuar en favor de sus derechos. Esta ordenanza no se ha trabajado de forma aislada: participaron las comunidades nativas, el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, y diversos sectores del Estado. Es un paso hacia una verdadera gobernanza intercultural”, explicó Jhony García, gerente de la Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas de la Municipalidad.
La ordenanza también crea el Consejo Indígena de Participación y Consulta (CIPC), como un órgano permanente de decisión para las políticas públicas que involucren a pueblos indígenas. Del mismo modo, dispone la conformación de una comisión multisectorial con participación de organizaciones indígenas para el seguimiento de su implementación.
“Esto no se va a quedar solo en papel. Se ha involucrado a sectores clave como salud, educación, justicia y fiscalía. Además, hemos previsto acciones de monitoreo y evaluación con participación directa de las organizaciones indígenas”, añadió García.
El documento normativo fue elaborado en coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de la provincia. Entre ellas, la Federación de Comunidades Nativas Campa Ashaninka (FECONACA) aportó activamente en la construcción de contenidos y la validación cultural de la norma.
“Como FECONACA estamos muy contentos. Esta ordenanza es un paso fundamental para que la Municipalidad reconozca y respete nuestra identidad. Es un avance importante que dignifica al pueblo indígena en Satipo”, expresó Capullito Chapay, dirigente del Consejo Directivo de la organización indígena FECONACA.
Además, uno de los aspectos más innovadores de la norma es el reconocimiento legal de los estatutos comunales como instrumentos de planificación estratégica, junto con los planes de vida y reglamentos internos. Esto fortalece la autonomía de las comunidades nativas, permitiendo que su voz y prioridades sean incorporadas en las políticas provinciales.
“El estatuto comunal es una herramienta fundamental para el desarrollo social y político de las comunidades. Si está inscrito en la Sunarp, tiene más validez legal y protección. Por eso esta ordenanza es clave, porque nos reconoce como actores con voz propia en nuestro territorio”, indicó Capullito.
La norma también incorpora acciones afirmativas como la promoción del empleo indígena, la garantía del uso del idioma originario en servicios públicos y centros educativos, y la institucionalización de fechas conmemorativas como el Día de los Pueblos Indígenas o el Día de la Educación Intercultural Bilingüe. Establece, además, sanciones claras frente a actos de racismo y obliga a locales públicos y privados a exhibir carteles con mensajes de respeto a la diversidad.
Con este marco normativo, Satipo da un paso firme hacia una provincia más justa, inclusiva y respetuosa de su diversidad. La implementación efectiva de esta ordenanza será clave para consolidar un modelo de gestión pública donde la pluralidad cultural no sea solo un eslogan, sino una realidad vivida.
