Entre abril y junio, se recibieron solicitudes de atención de personas pertenecientes a los pueblos indígenas awajún, mátses, shipibo konibo, wampis, kichwa y quechua, que se encontraban varadas en situación de desprotección en las ciudades de Bagua, Bagua Grande, Chachapoyas, Chiclayo, Ica, Jaén, Lima y Piura, así como en ciudades de las regiones de Loreto y Ucayali. En Ica se solicita asistencia alimentaria para más de 700 personas mediante el Programa Qali Warma
Indígenas shipibos varados en Paracas. Foto: Defensoría del Pueblo
15:30|18 de junio de 2020.- La Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Ejecutivo adoptar acciones urgentes para atender la situación de cientos de personas indígenas —entre niñas, niños, adolescentes—, mujeres embarazadas y adultos mayores- varadas en diversos departamentos del país, como consecuencia de las medidas de restricción dictadas al inicio del estado de emergencia por el COVID-19.
Entre los meses de abril y junio, la Defensoría del Pueblo recibió solicitudes de atención de aproximadamente 2 mil 841 personas pertenecientes a los pueblos indígenas awajún, mátses, shipibo konibo, wampis, kichwa y quechua, que se encontraban varadas en situación de desprotección en las ciudades de Bagua, Bagua Grande, Chachapoyas, Chiclayo, Ica, Jaén, Lima y Piura, así como en ciudades de las regiones de Loreto y Ucayali.
Esta información es recogida en el último Reporte de Alerta Indígena, elaborado por el Programa de Pueblos Indígenas de la institución, en el que se advierte, por ejemplo, que el 38% de casos se concentra en Lima. En esta ciudad, la Defensoría del Pueblo ha recibido el pedido de retorno humanitario de un total de 1,092 personas indígenas, con destinos en los departamentos de Amazonas, San Martín, Ucayali, Loreto y Ayacucho.
Si bien algunas personas han logrado retornar a sus lugares de origen, otras se encuentran alojadas en los albergues de Huampaní y Ancón, en Lima, pero sus destinos son distintas localidades de los departamentos de Amazonas y San Martín. De otra parte, hay personas que se encuentran alojadas en la comunidad shipibo konibo de Cantagallo, en el Rímac, que necesitan regresar a Ucayali.
Sin embargo, uno de los casos de especial preocupación, es la atención alimentaria, mediante el Programa Qali Warma, de aproximadamente 700 personas shipibas varadas en Ica. La Defensoría del Pueblo solicitó el apoyo del Gobierno Regional de Ica, de los municipios de Salas Guadalupe y Paracas, así como del Ministerio de Cultura. Al no recibir una atención oportuna, varias personas de este grupo se trasladaron caminando hacia Lima, con una alta exposición al contagio.
A raíz de esta situación, la Defensoría del Pueblo dirigió un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los ministerios de Cultura, Salud, y Economía y Finanzas, en el que se solicita coordinar con las autoridades de cada departamento para realizar los traslados humanitarios de la población indígena varada, en estricta observancia de los protocolos sanitarios.
Además, se solicita la asignación de un presupuesto especial para la implementación de albergues de cuarentana en los lugares de destino, bajo condiciones de sanidad y seguridad, y en los que se garantice una asistencia alimentaria adecuada.
En tanto no se pueda hacer efectivo el traslado humanitario de la población indígena en situación de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo demanda a las autoridades que se garanticen condiciones dignas de hospedaje, alimentación y monitoreo sanitario. Asimismo, la asignación de un bono especial para evitar la migración inversa que podría aumentar los contagios en las comunidades nativas y campesinas.
Para acceder al Reporte de Alerta Indígena N° 001-2020-DP-AMASPPI-PPI, puede ir al siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/documentos/reporte-alerta-indigena-001-2020-dp-amasppi-ppi/
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Fuente: Defensoría del Pueblo
