Familiares de Jorge Ríos, asesinado junto a Edwin Chota en 2014, advierten sobre intimidaciones de taladores ilegales
![Ergilda Rengifo, viuda de Jorge ríos, no solo exige justicia y la entrega del cadáver del padre de sus nueve hijos; también pide seguridad pues ha sido amenazada [Lino Chipana/El Comercio]](https://www.caaap.org.pe/wp-content/uploads/2015/10/saweto-elcomercio.jpg)
Ergilda Rengifo, viuda de Jorge ríos, no solo exige justicia y la entrega del cadáver del padre de sus nueve hijos; también pide seguridad pues ha sido amenazada [Lino Chipana/El Comercio]
Por Julio Talledo Vilela
En una vivienda de Miraflores, en Lima, Diana Ríos y su madre Ergilda Rengifo, presidenta de la comunidad nativa ashéninka Alto Tamaya-Saweto, descansan de un viaje de seis días emprendido con la consigna de hallar justicia. En setiembre del 2014, la cabeza de su hogar y dirigente de su comunidad, Jorge Ríos Pérez, fue asesinado junto al líder indígena Edwin Chota Valera y a los nativos Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo. Cerca de la frontera con Brasil, donde la presencia del Estado es casi nula, madereros ilegales los emboscaron, torturaron, balearon y cercenaron sus cuerpos como represalia por denunciar la tala ilegal.
Trece meses después del crimen, estas mujeres no han sepultado a sus parientes. En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, en Lima, hay restos que serían de Jorge Ríos, pero eso todavía no ha sido confirmado por los peritos y las angustiadas familiares exigen resultados de la investigación.
La preocupación las invade al recordar que al volver a su hogar, donde las esperan otros ocho miembros de su familia –la mayoría de ellos menores–, alguien les recordará que deben cuidarse, pues las amenazas contra sus vidas han retornado.
Rengifo asegura que en las últimas semanas algunos miembros de la comunidad de Saweto –como se conoce al lugar– han recibido mensajes intimidatorios contra ellas por parte de taladores ilegales que continuarían llevando a cabo su actividad en la zona, pese a que desde agosto pasado el Estado les otorgó a los nativos el título de propiedad de casi 80.000 hectáreas.
“Estamos preocupadas porque los que mataron a mi marido siguen libres”, sostuvo.
Diana Ríos pide que se combata a las mafias de tala que tienen atemorizado a su pueblo. “No hay control. Estamos en el completo olvido”, expresó.
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Fuente: El Comercio
