IQUITOS: DEFENSOR DEL PUEBLO ALERTA SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN DE MUJERES DEL PUEBLO INDÍGENA URARINA

Tras reciente supervisión a situación de comunidades de la cuenca del río Chambira

Foto referencial (Internet)

Foto referencial (Internet)

Nota de Prensa N°257/OCII/DP/2015

•    Mujeres adolescentes representan menos del 3% del alumnado en el centro educativo local.
•    Para acceder a un juzgado, una mujer de la cuenca del río Chambira debe desplazarse entre tres y siete días vía fluvial.

Tras una supervisión a la zona y tomar conocimiento de los graves problemas que afrontan los ciudadanos, en especial las mujeres, del pueblo indígena Urarina, en la región de Loreto, para acceder a los servicios de educación, salud, justicia así como para obtener el documento de identidad y para ser beneficiados con los programas sociales, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, invocó a las autoridades pertinentes a tomar acciones para revertir esta situación que afecta la integridad y desarrollo de esta parte de nuestra población.

En documento alcanzado al Ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, el funcionario señala que durante la supervisión, extendida en la cuenca del rio Chambira y realizada entre el 23 de octubre y 4 de noviembre último, se ha tomado conocimiento de un conjunto de problemas en el Centro Rural de Formación en Alternancia Nº 601526, el cual recibe a las y los adolescentes de la comunidad Urarina en una situación de altos niveles de pobreza y de inaccesibilidad geográfica.

Vega Luna informó que se ha tomado conocimiento de un mínimo porcentaje de asistencia de alumnas mujeres indígenas al colegio secundario y se ha verificado las dificultades que tienen los escolares para trasladarse vía fluvial desde sus comunidades a la institución educativa, lo que genera la deserción escolar. Por ello se ha solicitado la implementación de un servicio de movilidad escolar fluvial para trasladarlos hasta el Centro Rural de Formación en Alternancia y así garantizar su asistencia y permanencia, y al mismo tiempo incentivar la matrícula de un mayor número de adolescentes para el próximo año escolar.

Asimismo, considerando que los y las alumnas estudian bajo un sistema de alternancia, debiendo permanecer 15 días en el colegio y los otros 15 retornan a sus comunidades; el Defensor del Pueblo ha propuesto al portafolio de Educación coordinar con el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo un mayor presupuesto para el programa social QaliWarma a fin de garantizar la cena y la alimentación de los fines de semana en el período que permanecen en el centro de estudios.

No menos importante resulta las dificultades para obtener el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI). Se encontró que 305 personas, entre niños y adultos, no contarían con el DNI. La ausencia de partidas de nacimiento, los errores en la

consignación de datos y la lejanía de una oficina regional, limita el derecho a la identidad de los integrantes del pueblo indígena Urarina, lo que a su vez les impide el acceso a programas sociales y otros servicios prestados por el Estado. Se ha recomendado al RENIEC impulsar un mayor número de campañas de documentación en la zona, en forma coordinada con las autoridades comunales.

De otro lado, se advirtió la poca posibilidad que tienen las mujeres para lograr una sanción efectiva a sus agresores ante situaciones de violencia familiar y sexual. Entre las limitaciones más frecuentes está la lejanía e inaccesibilidad geográfica de las comisarías. Una mujer de la cuenca del río Chambira debe desplazarse entre dos y seis días vía fluvial para llegar a la comisaría más cercana, y para acceder a un juzgado entre tres y siete días. Además, la mayoría de ellas no dominan el castellano y los servicios que ofrece el Estado no cuentan con traductores o intérpretes.

La Defensoría del Pueblo, también tomó conocimiento de diversas quejas respecto de la ejecución de algunos programas sociales, como Qali Warma, Pensión 65 y JUNTOS, por lo que se solicitó brindar información suficiente, oportuna y comprensible sobre los criterios de permanencia de los beneficiarios. “Requieren conocer las causas de suspensión del programa JUNTOS y el estado del proceso de afiliación de los inscritos al mismo. Asimismo, establecer puntos de pago accesibles de dicho programa y de Pensión 65.”, señaló el Defensor del Pueblo en el documento respectivo enviado a este sector.

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Fuente: Defensoría del Pueblo

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