En menos de dos semanas, la selva peruana ha sido vulnerada por fallas en el Oleoducto Norperuano, bajo gestión de Petro-Perú
DESASTRE. Cerca de 250 pobladores de las localidades cercanas al río Chiriaco (en Amazonas) realizan labores de limpieza en su cauce, debido a que el derrame de petróleo ya alcanzó sus aguas. (Alessandro Currarino / El Comercio)
REDACCIÓN PAÍS
El 25 de enero pasado se reportó un derrame de petróleo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua (Amazonas). La fuga fue detectada a la altura del kilómetro 440 del ramal norte del Oleoducto Norperuano, administrado por Petro-Perú.
Una semana después otro derrame ocurrió en la provincia Datem del Marañón, en Loreto. Ambas fugas, según la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian), han afectado a unos 8 mil pobladores. Este dato no ha sido corroborado por las autoridades.
En el primer caso, la petrolera estatal explicó que la fuga se produjo por un desplazamiento del terreno donde se ubicaba el ducto, que finalmente lo afectó. Por ello, se contuvo el crudo derramado con la instalación de un sistema de barreras. Sin embargo, la contención cedió ante las fuertes lluvias y el petróleo se extendió por la zona.
El jueves último, Orpian denunció que el petróleo había llegado al río Marañón por la quebrada Inayo y el río Chiriaco, afluentes que se ubican cerca del sector del derrame. Petro-Perú señaló ayer que la situación fue controlada y que realiza labores de inspección preventiva en el área.
Cuando una empresa asume el control de un oleoducto, debe contar con planes actualizados de operación y contingencia ante una fuga como la de Amazonas, explica Freddy Rojas, experto en energía y medio ambiente. “Petro-Perú no puede atribuir la fractura del ducto a la naturaleza. Este oleoducto es de los años 60 y, por ello, se tienen que prever estos accidentes. Hoy se evidencia una mala gestión al respecto”, agregó.
El titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Manuel Pulgar-Vidal, dijo días atrás que “la infraestructura [de la empresa estatal] está obsoleta”.
LABORES DE LIMPIEZA
El Comercio recorrió ayer diez kilómetros del río Chiriaco y comprobó que el derrame ya alcanzó sus aguas. Las manchas de petróleo se evidencian en gran parte del cauce de este afluente del río Marañón.
Unos 250 pobladores se dedican a la limpieza y recojo del crudo en sus aguas. Ayer trascendió que algunos menores de edad fueron contratados por Petro-Perú para esta labor. Sin embargo, residentes de la zona indicaron a este Diario que los niños y adolescentes lo hicieron voluntariamente.
EL ROL FISCALIZADOR
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó ayer a El Comercio que, tras las denuncias de las comunidades nativas, envió a su personal a la zona para corroborar el impacto del petróleo sobre los ríos, así como sobre la flora y fauna.
La entidad tomará muestras de agua y tierra en la zona cercana al derrame. Los resultados de se tendrían en un mes. Luego de ello, el área legal iniciaría un proceso para sancionar a Petro-Perú, tras la eventual comprobación del daño ambiental.
En noviembre del 2015, el OEFA ya había declarado la responsabilidad administrativa de Petro-Perú, luego del derrame del Oleoducto Norperuano en la localidad de Cuninico (Loreto). Sin embargo, solo impuso medidas correctivas.
Esto sucede por la Ley 30230 [para la dinamización de la inversión], que desde el 2014 resta competencias sancionadoras al OEFA y lo limita a dar recomendaciones a los infractores, explicó César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. “Solo ponen multas cuando la vida de alguien está en riesgo. Le han quitado los dientes a esta entidad”, dijo.
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Fuente: El Comercio
