El ministro del Ambiente afirma que su sector ha realizado la fiscalización ambiental y solicita fuerte sanción
Por Fernando Alayo Orbegozo
Más de 300 personas realizan labores de limpieza en el río Chiriaco (Amazonas). El Comercio ha recorrido la zona y comprobado la afectación ambiental por el crudo.(Foto: Archivo El Comercio)
Dos derrames de petróleo han afectado la Amazonía en las últimas semanas. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, indica que su sector sí tomó las medidas preventivas del caso y exige que se sancione a Petro-Perú por los accidentes en el Oleoducto Norperuano. Además, defiende la fiscalización ambiental emprendida por su cartera.
— En menos de un mes, se produjeron dos derrames de crudo por un ducto al que usted calificó de obsoleto. ¿Por qué no se pudieron prever estos desastres ambientales?
El OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que depende del sector Ambiente] fiscalizó el ducto antes de los accidentes. Incluso, dejó constancia del inadecuado mantenimiento realizado por Petro-Perú, empresa estatal que está a cargo de la infraestructura.
— Eso no impidió que se produjeran los derrames.
La verificación de la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura corresponde a Osinergmin [Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros]. Esta entidad ha impuesto una multa de 3.200 UIT [S/12 millones] a Petro-Perú por no cumplir con el programa de adecuación de los ductos. Sin embargo, creo que es una sanción muy baja.
— ¿Cuál es el nivel de coordinación que tienen con el Osinergmin para que la supervisión de la infraestructura sea eficaz?
Le reitero: las acciones del OEFA son preventivas. En varias ocasiones ha supervisado y señalado que Petro-Perú no ha cumplido con un buen mantenimiento del ducto.
— Pero la opinión del OEFA no es vinculante, ya que el oleoducto es responsabilidad de Osinergmin.
Claro. No obstante, creo que es correcto lo que este organismo hizo el miércoles último [exigir a Petro-Perú que reemplace los tramos dañados del ducto en siete días como máximo y que entregue un proyecto actualizado de gestión ambiental en el plazo de 30 días]. Ante el mal mantenimiento de la infraestructura por parte de Petro-Perú y ante el no cumplimiento de la adecuación verificada por Osinergmin, el OEFA intervino desde la perspectiva ambiental, aunque esto no sea de su competencia.
— En este caso puntual, ¿considera que la labor de Osinergmin ha sido ineficiente?
Creo que la comunicación sobre su labor de supervisión en el Oleoducto Norperuano, antes de los accidentes, ha sido insuficiente.
— ¿Cree que el OEFA debería tener la competencia para fiscalizar el mantenimiento de los ductos?
No necesariamente, porque cuando hablamos de la verificación de instalaciones no solo se vela por el impacto ambiental, sino por los posibles daños a la salud, a la seguridad, etc. Hoy, Osinergmin tiene que hacer supervisiones más regulares, debe comunicar el resultado de las mismas y sancionar con una mayor severidad.
— Esta coyuntura nos remite a la ley que, según expertos en derecho ambiental, debilitó el rol sancionador del OEFA [Ley 30230, para la promoción y dinamización de la inversión en el país]. De acuerdo con ellos, el organismo ha perdido poder de fiscalización y ahora solo puede dar medidas correctivas.
Esa es una falacia absoluta que no resiste ningún elemento de prueba. Incluso, luego de esa ley [promulgada en julio del 2014], el OEFA ha mejorado en todo nivel: en financiamiento, en supervisiones, en personal y en cantidad de oficinas desconcentradas.
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Fuente: El Comercio
