Defensoría del Pueblo reitera al Poder Ejecutivo pedido de aprobar Política de Salud Intercultural

Nota de Prensa 029/OCII/DP/2016

* Entidad evalúa iniciar un proceso constitucional de amparo para lograr cumplimiento de acuerdos.

* Entidad evalúa iniciar un proceso constitucional de amparo para lograr cumplimiento de acuerdos.

La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación de que el Poder Ejecutivo no haya cumplido con aprobar la Política de Salud Intercultural en favor de los pueblos indígenas de nuestro país, pese a que la misma fue objeto de un proceso de consulta previa, conforme a lo dispuesto por el Convenio N° 169 de la OIT, la Ley N° 29785 y su reglamento.

En un oficio dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, recordó que el 12 de septiembre de 2014, el Ministerio de Salud y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas arribaron a importantes acuerdos mediante un proceso de consulta previa.

“Ello constituyó una valiosa experiencia de diálogo para la construcción de una política nacional que contribuirá a reducir las brechas que han impedido a los pueblos indígenas recibir una atención de salud adecuada y con enfoque intercultural”, anotó.

Vega Luna señaló que “ha transcurrido casi un año desde que el proyecto de decreto supremo de la Política de Salud Intercultural fue discutido y aprobado en el Consejo de Coordinación Viceministerial y remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido aprobada por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo. Se requiere su pronta aprobación para dar una señal clara de que los compromisos asumidos durante los procesos de consulta se cumplen”.

El funcionario subrayó – en el documento – que se viene advirtiendo cierto malestar de las organizaciones de los pueblos indígenas ante la injustificada demora en la implementación de los acuerdos alcanzados durante el mencionado proceso.

Por ello, informó que “a solicitud de las organizaciones indígenas, y en el marco de las competencias constitucionales de la Defensoría del Pueblo evalúa iniciar un proceso constitucional de amparo para promover el cumplimiento de los acuerdos asumidos durante el proceso de consulta previa”.

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