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Nota de prensa
Mediante un auto del quince de marzo de 2016, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por cinco mil ciudadanos contra la ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.
La norma, aprobada por el Congreso en el 2014, promueve una serie de medidas que en teoría agilizarán las inversiones. La demanda de inconstitucionalidad establece que algunos artículos de esta ley afectan, entre otros, algunos derechos fundamentales como los derechos al ambiente equilibrado y adecuado o el derecho a la propiedad territorial. De esta forma, la ley Nº 30230 quita facultades a OEFA y al Ministerio del Ambiente, además que promueve una política de saneamiento agresiva en los territorios de las comunidades aledañas a proyectos de inversión.
El Tribunal Constitucional no solo admitió la demanda, sino que también admitió la ampliatora interpuesta por los demandantes, la cual solicita que el Tribunal emita una sentencia interpretativa que reitere las reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prohibición de reconocimiento de derechos en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.
Ahora, el Congreso será notificado para que emita sus descargos y así queda pendiente la sentencia de fondo que emita el Tribunal. Vale recalcar que esta admisión es consecuencia de la presión ejercida desde las organizaciones indígenas nacionales (lideradas por el Pacto de Unidad y AIDESEP) y las organizaciones civiles que participan en el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
