Nuevo Código atenta contra la población más vulnerable

Coordinadora de Derechos Humanos (CNDDHH) teme que cambios y omisiones que perjudican a Mujeres, LGTBI, menores, pueblos indígenas y otros sectores que protestan por sus derechos, sean aprobados por el Congreso.

Foto: Internet

Foto: Internet

Por Gustavo Alvarado

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó temor y preocupación por la aprobación del Nuevo Código Penal que será debatido la próxima semana en el Congreso de la República.

Esto porque –advierte- vulnera los derechos humanos de sectores de la población considerados menos favorecidos y abandonados por el Estado como las mujeres, los pueblos indígenas, los menores y la gente que sale a protestar a las calles por reivindicar sus derechos laborales o denunciar contaminación o invasión de sus tierras. Asimismo, denuncia que a población LGTBI (Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales) nuevamente ha sido marginada y ni se la menciona.

Ana María Vidal, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CNDDHH, declara al respecto al diario UNO que causa “demasiado temor” considerar la explotación sexual juvenil como explotación forzada porque se tratan de menores de edad.

INVISIBILIZA A INDÍGENAS
“Este nuevo Código señala como prostitución forzada a la explotación sexual de menores. La explotación a menores de edad no es forzada, es explotación sexual”, recalca Vidal, quien agrega que esto ya había sido modificado, por lo cual este nuevo cambio, significa un retroceso en cuanto a los derechos de los menores.

Los pueblos indígenas también se han visto perjudicados, señala la abogada, porque no las mencionan directamente y solo la toman en cuenta con el término: “identidad cultural”.

“Hay una reticencia de no decir las cosas por su nombre. El nuevo Código no toma en cuenta los avances de otros poderes del Estado”, señala Vidal, y cita como ejemplo, que ignora la disposición de la Corte Suprema de que las rondas campesinas puedan impartir justicia en sus zonas a pesar de no estar reconocidas como comunidades nativas.

“Las rondas campesinas pueden impartir como dice el artículo 149 de la Constitución Política. Y lo que estableció la Corte Suprema no ha sido tomado en cuenta”, señala la abogada.

GOLPE A LAS PROTESTAS
Vidal también advierte que la gente que sale a la calle a protestar, un derecho consagrado en la Constitución, puede verse amenazada por este nuevo Código.

“Por ejemplo, este Código está incorporando el delito de extorsión mediante protestas, cuando su naturaleza está referida a delitos patrimoniales”, señala Vidal, quien precisa que le han agregado el término: “otra índole” para abarcar los actos de protesta y considerarlos una forma de extorsión.

El caso de la comunidad gay del país es aún más delicado, ya que ha sido dejada a un lado por el Estado.

“No la mencionan, no existe. En un país con tanta discriminación con tantos crímenes de odio es impensable que en un Código 2016 no se mencione como causal de discriminación o violencia la motivación por orientación sexual o identidad de género”, indica la activista humanitaria.

“Es importante y necesario que en la reforma del Código Penal existan mecanismos de consulta con la ciudadanía y la sociedad civil organizada a fin de garantizar, en particular, la protección de los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”, agrega Jorge Bracamonte, también Secretario Ejecutivo de la CNDDHH.

El caso de las mujeres
La CNDDHH también denuncia que el nuevo Código Penal presenta aumento de penas hacia las mujeres en los casos de aborto o la creación de nuevos tipos penales como el de “lesiones imprudentes al concebido”, que podrían obstaculizar la atención médica a mujeres gestantes.

“Hay una clara tendencia a la mayor pena y disuasión contra la mujer“, nos indica Liz Meléndez, directora de Flora Tristán.

Indica que la tendencia en otros países de América Latina es despenalizar el aborto porque es un derecho de la Mujer, pero en el Perú se han incrementado las penas en los casos de aborto.

“Es un retroceso tremendo. Y es una clara respuesta a todo el contexto de debate que se ha dado por la despenalización del aborto en casos de violación, y el incremento del pedido de despenalizarlo”, comenta la feminista.

Meléndez señala que en el caso de aborto por violación sexual antes la sentencia era de 3 años, no efectiva pero ahora con el Nuevo Código, la pena será de 50 jornadas de trabajo comunitario.

“Hay incrementos en las penas de aborto y aborto por violación. La nueva figura del aborto imprudente no sabemos a qué se refiere. Es una figura que no tiene pies ni cabeza, eso tiene que eliminarse”, subraya la Directora de Flora.

Finalmente, Meléndez señala que le preocupa que los dos candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta electoral no se hayan pronunciado “en absoluto” al respecto, sin embargo agregó que entre de los planes de gobierno, el plan de Pedro Pablo Kuczynski es el más favorable para las mujeres.

ADEMÁS
El documento del Nuevo Código Penal también contó con la participación del Congreso anterior y contiene cerca de 700 artículos.

________________________________

Fuente: Diario Uno

Artículos relacionados

Llutakuna Wasi: la artista Manuela Amasifuén reinaugura espacio para exhibir y revalorizar la cerámica kichwa en Lamas

Llutakuna Wasi: la artista Manuela Amasifuén reinaugura espacio para exhibir y revalorizar la cerámica kichwa en Lamas

Manuela Amasifuén Sangama, ceramista kichwa de Lamas, reinaugura Lluytakuna Wasi, su primer espacio propio, fruto de décadas de lucha por el reconocimiento, la justicia y la valorización del arte indígena. Este lugar, símbolo del esfuerzo colectivo de las mujeres de su comunidad, busca promover el respeto y la retribución justa por el arte amazónico, al tiempo que inspira a las nuevas generaciones a valorar sus raíces y a preservar el legado cultural de sus ancestros.

leer más
Comunidad kichwa Puerto Franco logra una victoria histórica contra la conservación excluyente del Parque Nacional Cordillera Azul y su proyecto de créditos de carbono (REDD+)

Comunidad kichwa Puerto Franco logra una victoria histórica contra la conservación excluyente del Parque Nacional Cordillera Azul y su proyecto de créditos de carbono (REDD+)

La comunidad kichwa de Puerto Franco, en San Martín, logró un fallo histórico que reconoce la vulneración de sus derechos territoriales tras la imposición del Parque Nacional Cordillera Azul sin consulta previa. La sentencia ordena titular sus territorios ancestrales, anular concesiones forestales y garantizar su participación en la gestión del parque y los beneficios del proyecto de créditos de carbono (REDD+). Este hito marca un precedente clave para los derechos indígenas frente a políticas de conservación excluyente y actividades estatales inconsultas.

leer más

Ud. es el visitante N°

Facebook

Correo institucional CAAAP

Archivos

Pin It on Pinterest