Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían asegurar prontamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba financiamiento suficiente para llevar a cabo su mandato, señaló hoy Human Rights Watch. La comisión, que ha sido clave en la defensa de los derechos humanos en las Américas, atraviesa por una crisis financiera que pone en riesgo las posibilidades de justicia y protección para las víctimas de abusos a lo largo del continente.
El 23 de mayo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que enfrenta una crisis financiera que podría obligarla a despedir a casi la mitad de su personal y a suspender las audiencias programadas para julio y octubre de este año. El financiamiento que recibe la CIDH procede de la OEA y de donaciones voluntarias de distintos países, incluidos miembros y no miembros de la OEA.
“Desde hace tiempo, la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera, sembraran serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, y levantaran sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”.
Si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera, sembraran serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, y levantaran sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión.»
José Miguel Vivanco
Director para las Américas
Desde que fue instalada en 1979, la comisión ha sido clave para promover los derechos humanos en la región. La comisión, y los casos que ha llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han contribuido a fortalecer estándares universales de derechos humanos. Estos estándares se refieren, entre otros, a la incompatibilidad de las amnistías por violaciones graves de derechos humanos con el derecho internacional, el limitado alcance de la jurisdicción penal militar, el acceso a información pública, los derechos de las personas LGBT y la violencia de género.
La comisión también ha protegido de abusos a cientos de víctimas y sus familiares a través de medidas cautelares. Actualmente, la comisión supervisa el cumplimiento por parte de numerosos gobiernos de cientos de medidas cautelares, y emite decenas de nuevas medidas cada año. Si los Estados miembros de la OEA no abordan oportunamente esta crisis financiera, es probable que se agraven los riesgos para numerosas personas, incluidos activistas y defensores de derechos humanos, sostuvo Human Rights Watch.
Las audiencias de la comisión, que este año podrían suspenderse si no se aborda la crisis financiera, contribuyen a poner de relieve las violaciones de derechos humanos sufridas por numerosas víctimas en la región. Cada año, decenas de organizaciones denuncian abusos ante la comisión, y tienen la posibilidad de interpelar a las autoridades gubernamentales para que rindan cuentas por su récord de derechos humanos, en lo que constituye el foro de derechos humanos más importante de las Américas.
La OEA ha enfatizado en reiteradas oportunidades la importancia del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) para consolidar los derechos humanos y la democracia en la región, y se ha comprometido a reformar el financiamiento del sistema. En marzo de 2013, la Asamblea General de la OEA “reafirm[ó] su compromiso de lograr el pleno financiamiento del SIDH” a través del fondo regular de la OEA, y pidió a los países que realizaran contribuciones voluntarias “[m]ientras se alcanza ese compromiso”.
No obstante, los Estados miembros de la OEA todavía no han cumplido con este compromiso y la comisión aún depende de donaciones voluntarias, que representan cerca de la mitad de su presupuesto. Tales donaciones —sobre todo las procedentes de Estados que no son miembros de la OEA— se redujeron drásticamente en 2015 y 2016, lo cual propició la actual crisis financiera.
“Puede ser que la reducción de donaciones de Europa haya desencadenado esta crisis, pero la principal responsabilidad de financiar a la Comisión corresponde a los Estados miembros de la OEA, que la crearon para que protegiera los derechos de sus propios ciudadanos”, señaló Vivanco.
El 25 de mayo, durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA —uno de los principales órganos de esa organización– el gobierno mexicano sugirió que la comisión podría tener responsabilidad por esta crisis. El embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, sugirió que la comisión podría estar recibiendo menos fondos debido a su supuesta “parcialidad” y sus “retrasos” en el tratamiento de casos, y pidió a la OEA que tomara “medidas correctivas” para reformar a la comisión.
En abril de 2016, un grupo de expertos internacionales designados por la comisión refutó la versión oficial de México sobre la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normalista en Ayotzinapa, estado de Guerrero. Los expertos indicaron que los detenidos habían sufrido abusos y que la investigación oficial estuvo marcada por la manipulación irregular y pérdida de pruebas clave, e incluso su posible destrucción. Los expertos fueron obligados a concluir su investigación, luego de que el gobierno mexicano no renovara su mandato.
“El gobierno mexicano pareciera estar dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la comisión, que se atrevió a cuestionar su investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa”, opinó Vivanco. “Ello sería una grave afrenta a las víctimas de atrocidades en México y en el resto de la región”.
Manuela Amasifuén Sangama, ceramista kichwa de Lamas, reinaugura Lluytakuna Wasi, su primer espacio propio, fruto de décadas de lucha por el reconocimiento, la justicia y la valorización del arte indígena. Este lugar, símbolo del esfuerzo colectivo de las mujeres de su comunidad, busca promover el respeto y la retribución justa por el arte amazónico, al tiempo que inspira a las nuevas generaciones a valorar sus raíces y a preservar el legado cultural de sus ancestros.
La comunidad kichwa de Puerto Franco, en San Martín, logró un fallo histórico que reconoce la vulneración de sus derechos territoriales tras la imposición del Parque Nacional Cordillera Azul sin consulta previa. La sentencia ordena titular sus territorios ancestrales, anular concesiones forestales y garantizar su participación en la gestión del parque y los beneficios del proyecto de créditos de carbono (REDD+). Este hito marca un precedente clave para los derechos indígenas frente a políticas de conservación excluyente y actividades estatales inconsultas.
