Abogados Richard O`Diana, del CAAAP, Ana María Vidal, de la CNDDHH, y Maritza Quispe, del IDL. Foto: CAAAP.
13:03|25 de noviembre de 2016.- Representantes de las comunidades nativas awajún de Nazareth y Wachapea, en la región Amazonas, presentaron una demanda de amparo contra el Ministerio de Salud, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Gobierno Regional.
Esto en razón de que habiendo pasado diez meses de ocurrido el derrame en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, de más de tres mil barriles de crudo de petróleo por causa del Oleoducto Norperuano, que opera Petroperú, el Estado no ha actuado a favor de la población afectada, entre los que se encuentran decenas de niños y niñas.
Ante dicha desatención y con el apoyo de las organizaciones civiles Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el 18 de noviembre se presentó una demanda de amparo en el Juzgado Mixto de Bagua de la Corte Superior de Amazonas.
Según sostienen, los principales derechos afectados son “el derecho a la salud y al medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”, tal como consta en la demanda que se sustenta en importante jurisprudencia nacional e internacional.
En el caso del Ministerio de Salud –sostiene la acción presentada–, este no ha cumplido a la fecha con realizar un análisis integral de salud, lo cual incluiría un examen de sangre, cabello y orina a la población afectada; más aún cuando, como demostraron varios reportes periodísticos, se comprobó la utilización de menores de edad en las labores de limpieza del derrame.
Para el caso del OEFA, los y las demandantes reclaman que dicha oficina no haya iniciado aún un proceso sancionador contra la empresa estatal Petroperú, a cargo del ducto que, según reconoció la misma, no ha recibido ningún mantenimiento en los últimos 16 años.
En ese sentido piden que el Ministerio de Salud ofrezca un examen integral de salud a las personas expuestas al derrame y que el OEFA sancione a Petroperú por el vertido del petróleo que, según información proveniente de la zona afectada, todavía no ha sido debidamente remediado.
En el caso del Gobierno Regional de Amazonas, los cuestionamientos apuntan a la ausencia de un plan adecuado ante situaciones de desastres como el registrado en Imaza el pasado 25 de enero.
