Carlos Sandi, presidente de la Feconacor, federación de la cuenca del río Corrientes. Foto: CAAAP
Por Claudia Cisneros
15:45|11 de setiembre de 2017.- El Lote 192 (antes Lote 1AB) es el lote más grande del Perú; representa el 17.12% de la producción de petróleo del país, con reservas probadas de cerca de 139 millones de barriles por un valor de 13 mil millones de dólares. Esa es su importancia económica, pero estos son sus problemas:
El primero es que el lote de 512,347.241 hectáreas se delimitó y concesionó superponiéndose a territorio indígena en el que habitan y se desarrollan peruanos nativos de los pueblos amazónicos Achuar, Kichwa y Quechua.
El segundo problema es que su explotación, pésimamente manejada durante 46 años, ha afectado seriamente la situación de los recursos, supervivencia, salud y economía de estos pueblos; ha dejado una secuela de graves problemas ambientales y de salud reconocidos como emergencias por el propio Estado peruano. La contaminación ha afectado cuatro cuencas de las que estas comunidades se alimentan y viven: cuenca del Pastaza, la de Tigre, Corrientes y cuenca del Marañón. Estas frágiles cuencas han sido declaradas por el propio Estado en Emergencia Ambiental y Sanitaria en más de una ocasión. La OEFA confirmó en 2013 y 2014 la contaminación de 92 sitios en esta zona; e incluso el propio Pluspetrol Norte, en 2015, declaró que 2 mil 14 sitios fueron impactados. Al día de hoy todos ellos pendientes de remediación y con un Estado incapaz de garantizar algo tan básico como el consumo seguro de agua.
Es vergonzoso que en pleno siglo 21, en que teóricamente se promueven principios de equidad, justicia y no discriminación como fundantes para una democracia saludable, las acciones que toma el poder político –en alianza con el económico– contradigan esos principios. Si Alan García fue explícito en su desprecio a los nativos tildándolos de segunda clase, lo que el actual gobierno está haciendo no dista mucho de ese discurso; ejecuta el mismo desprecio pero con acciones o falta de ellas.
El 29 de agosto de 2015 se venció el contrato de concesión con Pluspetrol Norte S.A., motivo por el cual el Estado peruano estaba en la obligación de consultar con los nativos que viven en esa superposición acerca de la concesión, incluso si se continuaba con la explotación. Los nativos, en general, no se oponen a que se continúe la actividad extractiva, pero sí exigen que a) se les consulte b) el Estado garantice no más contaminación c) garantice la remediación de lo contaminado d) ejecute el plan integral de salud para los peruanos afectados, entre otras justas demandas.
Pero lo que pasó en lugar de la Consulta Previa, que por Convenio Internacional (OIT 169) estamos en obligación de cumplir, fue un acto fraudulento por parte del Estado en el gobierno de Humala. ¿Por qué? La firma final de la consulta se dio sin la aprobación de 16 de las 20 comunidades directamente afectadas; es decir, el gobierno humalista llevó a cabo una farsa de Consulta firmando solo con representantes de 4 de las 20 comunidades implicadas; y dejaron fuera a quienes exigían que el Estado asuma los compromisos de Protección Ambiental, Seguridad Territorial y Vigilancia Ambiental Independiente. Con esa farsa de consulta previa, el gobierno humalista cerró un contrato temporal con Pacific E&P; y hoy el gobierno de Ppk usa ese contrato temporal como excusa para no consultar a las comunidades involucradas y excluidas en la farsa de consulta anterior.
Ahora que el Estado pretende ampliar las actividades del lote por 30 años, no puede menos que incorporar en ese objetivo las garantías ambientales, sociales y culturales pendientes de resolución desde el proceso anterior.
Tras la mecida y negativas por parte del gobierno de Ppk para abordar este problema a tiempo, las organizaciones que representan a los peruanos de las cuatro cuencas le han dado al gobierno como plazo hasta el 11 de setiembre para reunirse en la comunidad de Nuevo Andoas y resolver de manera dialogada y seria este complejo problema social con implicancias económicas y humanitarias. Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas han emitido su opinión sobre esta situación instando al gobierno peruano a “suspender las negociaciones sobre un nuevo contrato de explotación de una de las áreas petroleras más ricas del país hasta que los derechos de los pueblos indígenas locales estén protegidos”, y le han recordado al Perú que de no hacerlo contraviene los lineamientos esperados para acceder a formar parte de la OCDE. Los nativos no piensan seguir siendo víctimas de un Estado indolente y negligente con su primera responsabilidad: asegurar la integridad de sus ciudadanos. Han anunciado que si el gobierno no asiste al diálogo “no permitirán que se extraigan más recursos de sus territorios”. Luego que el gobierno abusivo no se queje.
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Fuente: La República
