PRONUNCIAMIENTO
Foto: Inforegión
10:17|12 de setiembre de 2017.- Desde la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú condenamos los asesinatos cometidos contra seis agricultores forestales del distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, actos que faltan por esclarecer pero que dan cuenta del grave conflicto entre agricultores y comunidades nativas que defienden sus tierras frente a los intereses empresariales que promueven la siembra intensiva de monocultivos.
La Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes –FECONAU y fuentes locales aseguran que este hecho es parte de un conflicto latente por tráfico de tierras, tala y comercio ilegal de madera, deforestación indiscriminada, entre las comunidades nativas y los extractores. Aunque no hay información precisa sobre el pueblo indígena al cual pertenecen las personas asesinadas, podemos presumir que hay una situación de gran vulnerabilidad respecto a los derechos a la tierra y territorio de las comunidades nativas aledañas a la zona de conflicto. Al parecer, esta zona es un bosque de producción permanente de palma aceitera que tendría constancias de posesión otorgados por el Gobierno Regional de Ucayali, lo que genera mayor inseguridad jurídica sobre los derechos de titularidad de dichas tierras.
Este suceso vuelve a poner en evidencia las amenazas constantes que sufren los agricultores y pueblos indígenas al no contar con títulos de propiedad sobre sus territorios, en un contexto de creciente presión sobre sus tierras y recursos naturales para la agroindustria y actividades extractivas. De las más de diez mil comunidades campesinas y nativas del Perú, más de dos mil no poseen títulos de propiedad, y más de la mitad de comunidades campesinas no están reconocidas como pueblos indígenas. El Estado tiene una deuda histórica relacionada a otorgar la titularidad de derechos territoriales a los pueblos indígenas y agricultores y debe resolver la crítica situación respecto a la superposición de derechos sobre sus tierras y territorios.
La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú demandamos al Estado una investigación exhaustiva de lo ocurrido, justicia y sanción a los culpables, una política nacional de protección a defensores y defensoras medio ambientales, y un marco legal efectivo que fortalezca los derechos territoriales de los pueblos indígenas y agricultores familiares ante el tráfico de tierras, la tala ilegal y la deforestación indiscriminada.
Asimismo, exigimos a la Dirección Regional de Agricultura y al Gobierno Regional de Ucayali una respuesta efectiva en la titulación de tierras agrícolas y tierras comunales y la demarcación territorial solicitada por las comunidades nativas afectadas por los monocultivos industriales.
