Imagen referencial. Foto: Caracol Radio Cali
08:20|26 de setiembre de 2017.- Desaparecieron el 8 de marzo y desde entonces no se tiene ninguna noticia de ellos. El hecho ocurrió en una zona rural del municipio de Alcalá, en el norte del Valle del Cauca (oeste de Colombia).
Según relata un medio local, aquel día cuatro indígenas emberá chamí de la comunidad La Esperanza salieron de sus viviendas temprano a pescar en la finca El Edén, a unos 20 minutos de la cabecera municipal.
En el grupo se encontraban dos adultos y tres menores de edad. Julio César Vélez Vásquez, Luis Adrián Restrepo, Brayan Stiven Vélez Restrepo, Luis Sebastián Namundia Vélez y Luis Mario Vélez, este último de doce años y quien regresó a su casa después de un tiempo, lo cual lo deja como última persona que vio a sus hermanos en dicho lugar, señala el medio.
Al no tener noticias, los familiares reportaron el hecho hasta las autoridades nacionales que respondieron con indiferencia, lo que llevó a que el caso escalara hasta al ámbito internacional.
Con el acompañamiento de la organización no gubernamental Corporación Justicia y Dignidad la denuncia llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en agosto respondió con una medida cautelar.
Esta solicitaba al gobierno de Colombia adoptar las medidas necesarias para determinar el paradero y el destino de los cuatro indígenas a fin de proteger sus vidas e integridad personal, concertar las medidas necesarias a adoptarse con sus familiares y sus representantes, e informar sobre las acciones implementadas a fin de investigar los presuntos hechos y así evitar su repetición.
En virtud de ello, el 21 de setiembre tuvo lugar la primera reunión de concertación entre el Estado y las autoridades indígenas del pueblo Emberá Chamí asentadas en el municipio de Alcalá.
Lo que se vería en esta reunión es el poco interés y la desidia del Gobierno por investigar las desapariciones, según se desprende de lo expuesto en un reciente pronunciamiento que suscriben la Corporación Justicia y Dignidad, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, y la comunidad La Esperanza.
De acuerdo al documento, la desilusión se impuso en el lugar con la noticia de la Fiscalía General de la Nación de que sus investigaciones no arrojaron ningún resultado eficaz para encontrar a los desaparecidos pese a los múltiples elementos de prueba encontradas por la comunidad en la finca El Edén, luego de la desaparición del 8 de marzo.
Peor aún, la Fiscalía negó la existencia de paramilitarismo en la zona, cuando, a decir de los familiares de las víctimas y de otros actores, se ha visto en el lugar la resurgencia de estructuras del supuesto paramilitarismo, versión que consta en la medida cautelar.
El encuentro también sirvió para denunciar amenazas de muerte contra los familiares de los desaparecidos y otros miembros de su comunidad, lo que ha generado desplazamientos forzados.
Según las denuncias recogidas, de junio hasta ahora los familiares y líderes de la comunidad han sido hostigados en sus viviendas por hombres que se movilizan en horas de la noche, fuertemente armados, siendo evidente que los indígenas pueden ser asesinados.
Ante todo ello, las organizaciones que suscriben el pronunciamiento pidieron al Gobierno cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales, en virtud de lo solicitado por la CIDH. Asimismo pidieron que este organismo insista en dicha solicitud y, además, que el caso sea visto por las Naciones Unidas.
