Foto: RPP
PRONUNCIAMIENTO
11:47|27 de setiembre de 2017.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), plataforma que articula a 82 organizaciones que defienden, promueven y educan a favor de los derechos humanos y la democracia en todo el Perú, ante las reiteradas declaraciones del Presidente y sus ministros sobre un posible indulto al reo Alberto Fujimori, señala lo siguiente:
1. En procesos limpios, transparentes y con todas las garantías del debido proceso, Fujimori fue hallado culpable de delitos contra los derechos humanos, y en consecuencia sentenciado a 25 años de cárcel. Además, él mismo se declaró culpable de delitos de corrupción. Todas las causas fueron además previamente evaluadas por el sistema judicial chileno, país donde intentó escapar de la justicia y desde el que fue extraditado.
2. No obstante, para facilitar de modo irregular su libertad, personas vinculadas al fujimorismo han presentado cuatro hábeas corpus, todos rechazados por el Poder Judicial.
3. Un posible indulto significaría desconocer estas resoluciones judiciales y garantizar la impunidad para graves casos de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, así como la violación al Estado Constitucional de Derecho y la separación de poderes por parte del propio Presidente de la República.
4. Un posible indulto también significaría la posibilidad de impunidad frente a un proceso pendiente de justicia por el cual Alberto Fujimori aún no responde: la desaparición y muerte de seis campesinos de la zona de Caraqueño, en la provincia de Pativilca.
5. Las condiciones carcelarias de Fujimori son excepcionales en el país, y le garantizan no solo la debida atención permanente de salud y visitas de sus familiares y amigos, sino incluso el desarrollo de actividades recreativas como pintura y jardinería. Un eventual indulto no respondería a cuestiones humanitarias sino políticas.
6. Un indulto político sería una pésima señal para nuestra democracia en momentos en los que se procesa a dos ex-presidentes (Alejandro Toledo y Ollanta Humala), y se investiga a un tercer ex-presidente (Alan García). Indultar a responsables de graves crímenes, a condición de tener una representación parlamentaria que los proteja, vulnera la administración de justicia en el Perú y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.
7. El indulto humanitario se debe conceder únicamente a quienes padecen enfermedades, terminales y no terminales irreversibles o degenerativas; y a quienes pese a no padecer enfermedades terminales, la naturaleza de las condiciones carcelarias pueden colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. Es de público conocimiento que en el caso de Fujimori no se cumple con ninguna de esas condiciones.
8. Un indulto político -como el que se pretendería otorgar a Alberto Fujimori- colocaría al Poder Ejecutivo y al presidente Kuczynski de espaldas a sus promesas electorales y al compromiso con los familiares de las víctimas, así como de espaldas al Estado de Derecho.
Lima, 26 de septiembre del 2017
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
