Apelación. Abogados solicitaron que se ratifique la ‘sentencia histórica’ de Bagua en razón a falencias en la acusación fiscal.
Audiencia. Los magistrados de la Corte Suprema resolverán en el plazo de 30 días hábiles. Foto: La República.
10:36|28 de setiembre de 2017.- Luego de escuchar los alegatos de los abogados Juan José Quispe, Katia Pinedo y Nórbel Mondragón, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por José Luis Lecaros, dejó al voto la apelación que presentó la Procuraduría del Ministerio del Interior y la Fiscalía respecto a la sentencia de la Sala Penal de Bagua, que hace un año absolvió a los 52 procesados por el caso Curva del Diablo.
Los juristas solicitaron a los magistrados que se confirme la sentencia absolutoria porque el tribunal de Bagua “desnudó todas las falencias probatorias que tuvo el Ministerio Público”, y que por un tema político perdió ocho años en encontrar a los culpables de la muerte de doce policías.
El trágico hecho ocurrió el 5 de junio del año 2009 durante el desalojo de más de dos mil indígenas que protestaban en la Curva del Diablo contra un conjunto de leyes que conculcaban sus derechos.
José Juan Quispe expuso que respecto a muertes y lesiones se acreditó con pericia de absorción atómica que los acusados no percutaron armas de fuego. Tampoco incurrieron en delitos de motín, instigación y obstaculización de la vía, y que la protesta hasta el 5 de junio fue pacífica.
Sobre esto último el juez supremo Lecaros preguntó si la toma de vía era una expresión de protesta pacífica, a lo que el abogado respondió que se trata de una sentencia histórica que ponderó derechos.
“Al aplicar el test de proporcionalidad ante la violación de un derecho constitucional como el libre tránsito frente a un derecho de mayor relevancia como es la vida y el ecosistema, el tribunal actuó con ponderación y primó el derecho a la vida”, expuso.
Por su parte, la abogada Katia Pinedo, quien patrocina a 32 personas, dijo que buscaban que se declare “no haber nulidad conforme al dictamen del fiscal supremo, porque no hay pruebas de que los procesados hayan actuado con violencia”.
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Fuente: La República
