-Organizaciones del Pacto de Unidad son parte del Comité nacional Perú del Foro Social Panamazónico (FOSPA) en proceso hacia el IX Encuentro Internacional en Mocoa, Colombia, en noviembre de 2019.
-Mujeres indígenas reafirman su protagonismo creciente en luchas, propuestas, organizaciones y procesos en este II Encuentro.
14:30|20 de junio de 2018.- Sesenta mujeres indígenas de todas las regiones del Perú se reunieron el pasado 7 de junio en el II Encuentro de Mujeres Indígenas del Pacto de Unidad, para actualizar su agenda principalmente en torno a dos grandes temas: su derecho a la participación política y a una vida libre de violencia.
Este II Encuentro se realizó previo al V Encuentro del Pacto de Unidad, que reúne a seis organizaciones indígenas nacionales: Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) y Unión Nacional de Comunidades Aymaras del Perú (UNCA).
En una intensa jornada, que incluyó paneles y grupos de trabajo, las mujeres indígenas ratificaron que frente al modelo económico basado en el saqueo de los bienes naturales, continuarán defendiendo la integridad de sus territorios frente a las amenazas de los proyectos extractivos y de infraestructura, así como de las normas que los vulneran.
Coincidieron en que la defensa de los derechos territoriales solo será más efectiva con la plena participación de las mujeres indígenas en la gobernanza territorial. Para ello, reivindicaron su derecho a ser reconocidas como comuneras calificadas y participar en la toma de decisiones, accediendo en igualdad de condiciones que los varones a los cargos directivos. Señalaron además que las mujeres indígenas que logran cargos directivos o de representación política sufren mayor acoso político y sexual.
En cuanto a la violencia, indicaron que el modelo político y económico dominante ejerce una violencia estructural sobre los territorios y la Madre Tierra, contaminando y destruyendo nuestras fuentes de agua, nuestros bosques, nuestra biodiversidad. Y que gran parte de esa violencia se ejerce directamente contra las mujeres indígenas, a través de la discriminación, la estigmatización, la criminalización y la vulneración de sus derechos individuales y colectivos.
En el Perú, los índices más altos de violencia física y psicológica contra las mujeres están en las zonas rurales, donde habitan los pueblos indígenas, y las políticas del Estado contra esa violencia carecen de un efectivo enfoque intercultural. Propusieron frente a ello que las mujeres indígenas formen parte de los sistemas propios de justicia y tengan acceso a la justicia ordinaria con respeto a su identidad cultural.
Un tema de especial preocupación fueron los fundamentalismos religiosos y políticos, que cuentan con millonarios recursos económicos y enorme influencia en las esferas de poder, amenazando con paralizar o hacer retroceder las políticas de equidad de género que el Estado está obligado a implementar por tratados internacionales y leyes nacionales.
En el Encuentro se recordó a las decenas de miles de mujeres indígenas que fueron sometidas a la política de esterilizaciones forzadas en la década de los noventa y continúan esperando justicia y reparación.
Entre sus demandas, destacó la modificación de los estatutos comunales para incorporar su reconocimiento como comuneras calificadas y establecer un porcentaje de participación de las mujeres en las juntas directivas, así como en los sistemas de justicia, en particular en los casos de violencia física y psicológica contra las mujeres.
Las mujeres indígenas demandaron al Estado emitir normas para garantizar su participación en los procesos de reconocimiento y titulación de las comunidades. Al Congreso de la República, que debata y apruebe la reforma de la Ley de Comunidades Campesinas para establecer el reconocimiento de las mujeres indígenas como comuneras calificadas y su participación equitativa en los cargos directivos.
También pidieron a las diversas instituciones estatales involucradas que coordinen acciones para prevenir y sancionar el acoso político contra las mujeres indígenas en todas sus manifestaciones. Que los poderes Ejecutivo y Legislativo deroguen todas las normas que criminalizan la protesta y que el Poder Judicial archive todos los casos de mujeres indígenas criminalizadas. Que el Ministerio de la Mujer y los operadores de justicia incorporen un efectivo enfoque intercultural en las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y la atención a las víctimas. Que todos los sectores e instituciones del Estado cumplan su deber de implementar políticas de equidad de género y no cedan a las presiones de los fundamentalismos religiosos y políticos. Y que el Ministerio de Justicia acelere los procesos para que las víctimas de esterilizaciones forzadas alcancen por fin la justicia y la reparación.
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Fuente: FOSPA Perú
