Salomon Awananch. Foto: CAAAP
17:00|16 de agosto de 2018.- La comisión del Congreso que investiga los abusos sexuales contra escolares del pueblo Awajún, de las provincias de Bagua y Condorcanqui (región Amazonas), visitará la localidad de Chiriaco el 28 de este mes para dialogar y coordinar acciones con los presidentes de comunidades, líderes y lideresas de las diferentes cuencas, y representantes de las UGEL.
Es la primera vez que se hace una investigación de esta magnitud, explicó Salomón Awananch Wajush, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P).
“Los presidentes de las organizaciones y comunidades tendrán la responsabilidad de ellos mismos recopilar las informaciones sobre profesores denunciados y procesados tanto de las UGEL y de los centros pilotos para ayudar a las comunidades […], y encontrar los motivos por qué no han sido sancionados”, adelantó el dirigente.
“Es importante ver por qué las UGEL se han quedado calladas y por qué no han hecho denuncia, y por qué los maestros que tienen acusaciones siguen siendo contratados”, agregó.
Comisión no es sancionadora
Según contó Awananch Wajush, lo primero que se hará en Chiriaco es propiciar un ambiente de confianza con las bases, explicando cuáles serían las funciones y alcances de esta nueva comisión del Legislativo.
Cabe señalar, que según el dirigente, en la zona se impulsó hace algunos meses una comisión con organismos del Ejecutivo, el cual habría generado importante expectativa pero pocos avances. Ahora se busca impulsar un trabajo coordinado y participativo para, en el corto plazo, iniciar las investigaciones en campo.
Awananch recordó que a raíz de la denuncia de 21 menores abusados (19 mujeres y 2 varones) en Kusu Chapi, anexo de la comunidad de Winchu Temashnum (distrito de Imaza, Bagua), en mayo de este año, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y otros ministerios, intentaron visitar la comunidad sin poder ingresar en un principio.
Las comunidades desconfían del Ministerio Público por supuestos “arreglos” con los maestros denunciados, explicó Awananch. Tras ingresar se comprobó el número de denuncias, acumuladas en varios años, afirmó. Se pidió entonces a la UGEL que cuente con una lista de profesores denunciados y procesados.
La primera semana de este mes, el dirigente tuvo un encuentro con la Comisión del Congreso, encabezada por el congresista Alberto De Belaunde, para planear la visita y que las comunidades no vean a esta como “sancionadora o que va enviar a la cárcel”. El propósito es que los casos encuentren justicia y erradicar la corrupción que los encubre.
Algunas tareas que se han acordado hasta el momento son contar con el acompañamiento del CAAAP y poner en marcha acciones desde Radio Marañón, radio que se oye en la zona, para advertir y prevenir más casos de abusos sexuales contra menores.
Cifras alarmantes
Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2012 y 2017, se han presentado 216 denuncias ante las UGEL de Condorcanqui por violencia sexual en las escuelas, de las cuales 157 han prescrito (67%). Esto significa que más de la mitad de acusados no tiene ningún castigo.
En el caso de Imaza, distrito de la provincia de Bagua, se han denunciado 26 casos y han prescrito 11 (48%).
Cabe señalar que en lo penal, en el 2017, la Fiscalía de Condorcanqui solo tuvo registrados seis casos de violación sexual contra menores. En el 2018 no existe ningún caso registrado, según da cuenta La República.
Según advierte el mismo medio, la enorme brecha entre las cifras de la UGEL y la Fiscalía se incrementa con el subregistro y los casos que no llegan hasta Santa María de Nieva, capital de Condorcanqui.
Obstáculos a las denuncias
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en su Informe de Adjuntía Nº 002 – 2017, se han identificado diferentes obstáculos que impiden la formulación de denuncias por casos de violencia sexual perpetrados contra alumnas de las instituciones educativas de ámbitos rurales amazónicos.
Entre estas dificultades se cuentan la incapacidad institucional de las autoridades escolares, la aceptación de los hechos mediante una conducta permisiva y la falta de supervisión.
También se presentan casos en los que los profesores actúan con la connivencia o tolerancia de los directores de las escuelas. Casos como estos, entre otros, empezarán a ser investigados, sostuvo el dirigente de la ORPIAN-P.
Precisó casos en los que alumnas, producto de una violación, resultan embarazadas y son expulsadas de la escuela “mientras el maestro sigue trabajando”.
