Después de tres años esperando a que el Ministerio de Vivienda construya sus hogares prometidos desde el Estado tras el incendio que arrasó con su comunidad, la población de Cantagallo decide retornar a los terrenos que han ocupado por casi 20 años.
Imagen tomada a primera hora de la mañana, luego de toda la noche en el lugar. Foto: La República
12:15|26 de setiembre de 2019.- El pasado viernes 20 de septiembre, representantes del Ministerio de Vivienda informaron en reunión mantenida con los representantes de Cantagallo que, finalmente, no se llevaría a cabo la construcción de las viviendas prometidas, al menos, en los terrenos donde se asentaba anteriormente la comunidad conforme lo que prometió el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Desde el Ministerio se aduce que las características del terreno en Cantagallo demandan una inversión importante para su adecuación, inversión que el Estado no está dispuesto a realizar. Este es el último de una serie de incumplimientos que comenzaron en julio del 2017, fecha en que, según ofreció el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), iba a comenzar la construcción.
Ante la noticia, los líderes de la comunidad expresaron su indignación. “Nos están tratando como juguetes. Somos peruanos, ¿por qué nos tratan solo como objetos de exhibición para turistas?” señalaron.
Medios de comunicación nacionales están dando cobertura a esta noticia. Foto: CAAAP
Con esta situación, las más de 230 familias quedan en una situación de total desamparo, pues en el mes de diciembre vence el subsidio que les da la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el alquiler de viviendas temporales. Ahora se ven obligados a empezar desde cero, sin siquiera las viviendas prefabricadas que les alojaban antes de la intervención del Ministerio.
Peor que el incendio, peor que Castañeda
Los pobladores dejaron el terreno en septiembre del 2017, pues el Ministerio de Vivienda les indicó que este paso era necesario para construir sus viviendas. De acuerdo a una investigación desarrollada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los impactos de este desplazamiento forzado han sido muy superiores a los del incendio del 2016. Desde que dejaron sus viviendas, las familias viven hacinadas en cuartos de cuatro metros cuadrados o menos. Al dispersarse la comunidad, las familias han reducido significativamente sus ingresos, pues los compradores ya no saben dónde ubicarles. Casi la mitad de los niños ya no pueden estudiar en su idioma, pues la escuela bilingüe ahora les queda muy lejos. Los miembros de la comunidad denuncian también que, a raíz del desplazamiento forzado, están más expuestos a la discriminación, y experimentan dificultades para acceder a los servicios de salud.
Frente a esta problemática, la comunidad de Cantagallo retorna a sus terrenos y exige una reunión con el presidente de la República con el fin de iniciar por fin las obras de construcción en los terrenos de su comunidad.
