Integrantes del Comité de Defensa del Agua de Iquitos aseguran que la máxima autoridad regional, Elisbán Ochoa, “no asume el liderazgo” para elaborar un plan de acción que permita frenar las actividades ilegales vinculadas a la extracción del oro. Actividades que vienen incrementándose exponencialmente en varios ríos de la zona. Alertan que la minería en el Nanay no solo es un grave delito medioambiental, sino un atentado contra la salud pública de las comunidades y toda la ciudad de Iquitos que consume el agua de ese río.
Incremento de dragas en la cuenca del Nanay es evidente a la vista de todos los actores políticos y sociales de la zona. Foto: Comité Defensa del Agua
Por: Beatriz García Blasco – CAAAP / La Voz de la Selva
14:25|11 de marzo de 2020.- Palpan indiferencia. Esa quizás es la palabra que mejor resume la denuncia ciudadana que el Comité del Agua de Iquitos viene realizando en diferentes medios de Loreto en referencia a la problemática creciente del aumento de dragas para la extracción ilegal de oro en la cuenca del río Nanay y otros puntos de la zona como el Napo y el Putumayo. Una realidad que está a la vista de todos (basta surcar unas horas para verlo o dialogar con indígenas de la zona para confirmarlo) menos de las autoridades regionales. Unos líderes políticos encabezados por el gobernador regional de Iquitos, Elisbán Ochoa, hacia el que van la mayor parte de las críticas.
Como viene ocurriendo desde el 18 de febrero, integrantes del Comité del Agua y personas sensibilizadas y preocupadas ante el problema minero, vienen alzando la voz. La semana pasada, por ejemplo, realizaron un nuevo plantón ante la sede del Gobierno Regional pero Ochoa no ha mostrado ninguna intención de conversar con ellos, ni en ese momento, ni en uno posterior. “Hasta la fecha no se ha comunicado y, más que una reunión, queremos que haga algo por liderar es por ello que cumplimos con decirle públicamente todo esto, porque el tiempo está corriendo y la situación empeora”, explica José Manuyama, presidente del Comité del Agua de Iquitos.
En declaraciones a la emisora la Voz de la Selva, el presidente estuvo acompañado de otros miembros del Comité como Jorge Pérez, Isaac Núñez, Mónica Villena e Ítalo Mesones. Todos ellos dieron su opinión sobre la situación y destacaron la gravedad de los hechos. “Aquí la cosa está bien clara, el Gobierno Regional es la autoridad política máxima, que tiene la logística y recursos y que, ante la gravedad de los hechos que significa el enveneamiento de las aguas, que consumen los hermanos indígenas en distintos ríos y más de 500.000 moradores de Iquitos a través del agua potable”, expuso Pérez, “esto realmente no debería pasar por la indiferencia, tiene que haber unas acciones claras, qué hay que hacer para erradicar y cuáles van a ser los pasos siguientes”.
A pesar de la gravedad del problema, a nivel local hay quienes acusan al Comité de Defensa del Agua de Iquitos de, supuestamente, poner este tema en la agenda por causa de una agenda política vinculada a grupos de izquierda. “Es una lectura totalmente equivocada porque hablamos de un tema de defensa de la vida, que pasa las fronteras de cualquier militancia, de cualquier dogma, que lo puede defender todo ciudadano en el mundo. En un país civilizado no puede pasar esto”, respondió Núñez sobre esas críticas, “pensamos que aquí hay una complicidad porque se sabe de la presencia de dragas cuando ya se debería actuar. Los hermanos de las comunidades lo cuentan, vienen a Iquitos y ven cantidad de dragas. Están ahí y uno los ve, solo la Marina no les ve”.
El Comité de Defensa del Agua viene manifestándose desde hace varias semanas. Foto: Comité de Defensa del Agua
Aseguran que la Fiscalía Ambiental quiere intervenir, pero tiene limitaciones logísticas. “Por eso acudimos al Gobierno Regional”, defienden. Las consecuencias de estas actividades ya se ven. Días atrás se registró algo que no es habitual en la zona: un atraco de los llamados ‘piratas de río’. Delincuentes que buscaban el oro que transportaba una de las pasajeras. Asimismo, desde el Comité del Agua reconocen que “algunas comunidades están trabajando en complicidad con los mineros”, algo que realizan por la “situación de extrema pobreza y falta de oportunidades y alternativas” con las que conviven. Reclaman, para que eso cambie, un plan de desarrollo que no aboque a las poblaciones hacia actividades ilegales.
Un llamado, en definitiva, a la “responsabilidad e interés por aquellos ciudadanos que les han elegido”.
