Foto: Pavel Martiarena
Por: Alberto Chirif
15:05|22 de abril de 2020.- Sí, reitero la pregunta, ¿conocen en el Ministerio de Cultura el significado de las palabras emergencia y urgencia? Tal vez sí, pero es claro que no los aplican en su quehacer público. Esto se manifiesta en el proyecto del Decreto Legislativo que “tiene por objeto establecer medidas extraordinarias y urgentes dirigidas a brindar atención a pueblos indígenas u originarios, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”. Un documento insignificante, no por su volumen, ya que este y su exposición de motivos emplean nada menos que 61 páginas, sino por su contenido insustancial y desdeñable.
Confieso que criticar al gobierno esta vez me cuesta trabajo, teniendo en cuenta las crisis que ha tenido que enfrentar y su buen tino y éxito al hacerlo. La primera fue la renuncia a la presidencia del Pedro Pablo Kuczynski, ese señor con pinta de yo no fui y cara de bobo, apariencias que no le sirvieron para encubrir sus habilidades para aprovecharse de las arcas fiscales y de pagos y prebendas negociados bajo la mesa. Luego fue el cierre del Congreso, esa medida profiláctica de eliminación de un foco infeccioso, por la cual la inmensa mayoría de los peruanos le estaremos siempre agradecidos, que nos libró del desagrado de ver día a día los rostros de la corrupción y, sobre todo, nos permitió recuperar la esperanza de construir un país mejor. Y la tercera es su respuesta rápida para enfrentar la pandemia del COVID 19 y declarar la cuarentena.Todas estas buenas decisiones, sin embargo, no sirven para convertir un proyecto absurdo en un documento estimable.
A lo largo de 49 páginas, la llamada “exposición de motivos” hace un recuento de todo lo que ha realizado en Ministerio de Cultura en los últimos tiempos, que se inicia con una “justificación de la propuesta” y un análisis de su “constitucionalidad y legalidad”. Acompaña esto último un cuadro sobre normas emitidas por el sector, entre ellos decretos supremos (sobre “transversalización de la interculturalidad”, creación del “Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias” y otros), resoluciones ministeriales y algunas viceministeriales. Todo muy bueno para alimentar un boletín informativo destinado a la prensa, pero nada efectivo para atender la coyuntura actual. Sigue el documento con largas citas al Convenio Nº169 de la Organización Internacional de Trabajo, documento que el ministerio más bien ha trasgredido en varias oportunidades, entre ellas, al negarse a reconocer jurídicamente la existencia de tales pueblos, de manera que, en el Perú, ellos existen en el papel, pero no como sujetos de derecho; y dedica páginas a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, donde también su política ha sido cuestionable, y a los derechos lingüísticos y la consulta previa.
Al llegar al acápite III sobre “Descripción del problema”, esperaba que ya hubiera llegado el momento de entrar en cuestión, pero no. El “problema” es el señalamiento de cuántos pueblos indígenas existen en el Perú (es decir, esos que el Ministerio se niega a reconocer), así como lenguas autóctonas; las “brechas” de atención de servicios públicos (agua potable, alcantarillado) y los indicadores de pobreza, la necesidad de adecuación intercultural de los servicios públicos, y el asunto de la discriminación y el racismo (allí me entero que este es mayor en hospitales que en comisarías; no dice nada acerca de cómo lo combate).Así hasta la página 27, dejando las últimas 22 para exponer la propuesta en sí. Presento esta desde el mismo texto del decreto.
No vale la pena detenerme en los considerandos, pero sí indico la contradicción que se presenta en los artículos iniciales. El primero señala que el decreto tiene por “objeto establecer medidas extraordinarias y urgentes dirigidas a brindar atención a pueblos indígenas u originarios, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”, pero el segundo indica que la “finalidad [es] que el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, implemente acciones para la pertinencia y adecuación cultural de los servicios y acciones que brinda a la población en el marco de la emergencia sanitaria”.
Las medidas extraordinarias y urgentes dirigidas a los pueblos indígenas brillan por su ausencia y, más bien, lo que hay es lo segundo referido a la adecuación cultural y de servicios. Lo que me lleva a concluir que las medidas de urgencia consisten en cambios burocráticos. ¿Recién ahora el Ministerio de Cultura se preocupa porque los servicios del Estado tomen en cuenta “las características geográficas, ambientales, sociales, lingüísticas y culturales” de los pueblos indígenas y de sus hábitats? ¿No debería haber sido esta una de sus preocupaciones centrales a lo largo de su existencia, de tal manera que ahora, durante la emergencia, simplemente se aplicaran criterios de adaptación ya desarrollados al hábitat y a las características sociales y culturales de los pueblos indígenas?
Y así, andando por las ramas, sigue el proyecto de decreto que le dedica el Título III a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, afirmando cuestiones tan evidentes que ponen nuevamente en tela de juicio la necesidad de la norma, como la suspensión de actividades que se realizan en territorios de estos pueblos. Lo mismo hace el Título IV, que anuncia que se suspenden los procesos de consulta previa, pero que estos se reiniciarán cuando termine la emergencia. ¿Pero cómo podrían haber continuado si los ministerios han paralizado sus actividades?
Termina la propuesta señalando que la puesta en marcha de las medidas contempladas en el decreto no irrogará gastos adicionales al Estado, ya que deberán ser financiadas con cargo al presupuesto institucional de cada sector. El baile es con pañuelo propio.
Culmina esta sinfonía con una Disposición Complementaria que establece la modificación de artículos de la “Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú” y, con medidas tan “urgentes y necesarias” para la crisis del COVID-19 como transferir las competencias de elaboración, aprobación, difusión y actualización periódica del mapa etnolingüístico del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura; la implementación del Registro Nacional de Servidores Públicos Bilingües, “que comprende a las/os servidoras/es públicos con competencias en comunicación en lenguas indígenas u originarias”; “las causas que generan la erosión progresiva y la extinción de las lenguas originarias y la tradición oral de los pueblos indígenas, así como prever las medidas necesarias para evitar la pérdida definitiva de las lenguas originarias” y otras cuestiones similares.
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La cuarentena decretada por el Ejecutivo entró en vigencia el 16 de marzo pasado, lo que quiere decir que, a la fecha, han transcurrido cinco semanas. Esto es lo que ha demorado al Ministerio de Cultura para redactar esta propuesta, que claramente no apunta hacia el objetivo sino en dirección equívoca.
La primera pregunta que planteo ahora es si se necesita un decreto para atender la emergencia actual. Considero que no. No para lo que el Ministerio de Cultura ha planteado en esta norma. Salvo en lo que establece la Disposición Complementaria, que en nada se ajusta a las características de “medidas de urgencia” para atender la crisis generada por el COVID-19 (no pasa nada si estas modificaciones se hacen de aquí a un mes o luego de un año), todo lo demás se puede hacer sin generar una nueva norma: coordinaciones entre sectores públicos, detener procesos de consulta, proteger a pueblos en aislamiento y cosas por el estilo. Pero tampoco es necesaria una nueva norma para poner en marcha medidas importantes. Lo que es necesario es tener las ideas claras y proponer cuestiones concretas que apunten a la solución de los problemas: alimentación, aislamiento, comunicación acerca de la pandemia y atención de los afectados. Lo que sí demandaría de un decreto sería la aprobación de fondos para financiar las actividades, algo que esta norma no dispone. En caso de asignación de fondos, la norma debería además contemplar controles para su empleo riguroso. Hay que recordar lo que sucedió con los fondos destinados a atender a los afectados en el terremoto de Pisco, que dio origen al enriquecimiento de ministros y otros altos funcionarios.
¿Por qué perder el tiempo en propuestas insignificantes? La única respuesta que encuentro es: porque no se sabe qué hacer. Irse por las ramas es la respuesta de quien no sabe qué hacer, aunque lo peor es disimular la ignorancia con normas pesadas pero irrelevantes. ¿Por qué no saben? Porque no quieren saber, no quieren aprender, no quieren escuchar.
Hace una semana vi una película llamada Las horas más difíciles, que trata sobre las cavilaciones del premier inglés Winston Churchill sobre cómo enfrentar la crisis de la Segunda Guerra Mundial: pactar con Hitler, como le sugerían parlamentarios filo nazis, o declarar la guerra. Decide entonces tomar el metro y allí, conversando con los pasajeros, gente común, gente como uno, saca en claro que ella no quería lograr un acuerdo deshonroso con Hitler y que la única salida digna era ir a la guerra. Sobre esa base, comunica su decisión al Parlamento.
La historia puede haber no sucedido, pero lleva un contenido de verdad indiscutible. En el Perú, ministros, alcaldes y otras autoridades creen que un buen gobernante es aquel que tiene buenas “ocurrencias”, desde su punto de vista, acerca de lo que se debe hacer. Nadie piensa en verdaderamente en consultar. La consulta previa, quiero decir, la aplicación que se hace de ella en el Perú es de trámite desagradable que hay que cumplir, una cucharada de aceite de hígado de bacalao que hay que apurar cerrando los ojos, pero no un mecanismo para aprender y contribuir a consolidar espacios de democracia. Los resultados son desastrosos porque no acercan al Estado con la población ni solucionan problemas, sino que crean otros nuevos.
Existen siempre organizaciones sociales (en este caso, indígenas) e instituciones que trabajan con ellas y también en temas de principal interés para el país, como educación, salud, economía, agricultura. ¿Por qué no recurrir a ellas para juntos generar propuestas que busquen solucionar problemas? Y esto no solo en situaciones de emergencia, como la actual, sino siempre. Un ministro o un alcalde pueden ser buenos profesionales, pero no necesariamente tienen que ser especialistas en los temas que deben afrontar. La consulta sincera con los que estudian los problemas y con quienes los experimentan es una alternativa democrática y sabia para resolverlos.
Señora Sonia Guillén, ministra de Cultura, colega, está usted a tiempo de retirar este proyecto y de disponer que se elaboren propuestas concretas para atender la actual crisis.
