En un memorial conjunto dirigido al Ministro de Interior y al máximo responsable de la Policía Nacional del Perú, los representantes políticos e indígenas de la provincia ucayalina, donde se han registrado asesinatos, secuestros y violaciones que no se resuelven, evidencian el insuficiente número de efectivos policiales y la falta de voluntad por atajar el crimen creciente en la zona.
La provincia de Atalaya lleva varios año en la mira, como una de las rutas del narcotráfico desde la vecina zona del VRAEM. Foto: Wikipedia
Por: CAAAP
17:30 | 04 de octubre de 2020.- “Tenemos la migración de más de 3.000 personas que viene de otros departamentos a dedicarse a la siempre de hoja de coca, para ello crean conflictos con las comunidades nativas por posicionarse de sus territorios y de acuerdo a la información de diversos comuneros estas personas estarían dedicándose siempre a la siembra de la hoja de coca a gran escala y es de público conocimiento que existen más de 50 aeropuertos clandestinos”. Este párrafo se extrae íntegramente del memorial enviado días atrás por las autoridades de la provincia de Atalaya, en Ucayali, al ministro del Interior, General PNP César Augusto Gentille Vargas, y al Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Teniente General PNP Henry William Rojas Liendo. En dicho documento se expone el preocupante panorama de inseguridad que atraviesa, en los últimos años, la provincia.
Con más de 60.000 habitantes, de los cuáles aproximadamente el 70% pertenecen a pueblos originarios, y una gran extensión territorial superior a 38 mil kilómetros cuadrados, la zona sol cuenta con 17 efectivos policiales. Una falta de personal que se suma a que algunos de ellos llevan más de 15 años en la zona y, según las autoridades, esa realidad “se presta para realizar actos de corrupción”.
La provincia de Atalaya es una zona de Ucayali que limita con varios departamentos vecinos, como Junín, Cusco y Ayacucho, siendo también frontera con el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, más conocido como VRAEM. “Esta cercanía pone en peligro nuestras vidas, pues no contamos con presencia de la DIRINCRI y el reducido personal de policía no se abastece para los patrullajes. No son suficientes para garantizar la seguridad”, aseguran. En ese sentido se solicita al ministro que se implemente la comisaría con un fuerte contingente policial de 50 efectivos.
¿Qué ocurre en Atalaya?
Durante los últimos años han sido varios los episodios de violencia que no han hallado culpables. Lo que era una zona tranquila de la Amazonía Peruana viene presenciando, cada poco tiempo, sucesos extremos como el asesinato de un médico veterinario, de un comerciante y de un joven indígena (en diferentes momentos) en el distrito de Tahuanía y diversos episodios de violaciones (dos niñas en Oventeni y otras dos niñas en Areija), entre otros.
“Se advierte la poca actuación policial en estos últimos tiempos, pues no contamos con el personal capacitado en investigación criminal. Existen asesinatos sin resolver y un rebrote en el secuestro y violaciones de niños”, advierten las autoridades.
¿Quiénes firman?
El documento se acompaña de un total de 13 firmas, encabezadas por la del alcalde provincial, Adelmo Guerrero, el gerente de la Gerencia Territorial, Dennys Camayteri, quien pertenece al pueblo ashéninka, y la subprefecto provincial, Marlene Reysánchez. A ellos se suman representantes de Agricultura, Educación, Salud y Cámara de Comercio, así como de organizaciones indígenas del ámbito provincial: OIRA, URPIA, COORPIA y FECONADIS.
