“Urge investigación y sanción a los responsables. ¡No más impunidad!», escribió la parlamentaria en sus redes sociales. Mirtha Vásquez solicitó al Ministerio del Interior que se esclarezca y detenga a quienes asesinaron a la lideresa asháninka.
Comunidad Shankivironi y organizaciones indígenas piden justicia. Foto: ONAMIAP
Por: CAAAP
15:40 | 19 de marzo de 2021.- Tras el asesinato, hace justo una semana, de la lideresa asháninka Estela Casanto Mauricio en el valle del Perene, en la provincia de Chachapoyas, región Junín, la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, solicitó que el Ministerio del Interior disponga de acciones policiales urgentes de protección a los miembros de la comunidad nativa de Shankivironi, y brinde un informe detallado sobre las acciones llevadas a cabo por la institución a partir de las denuncias expuestas.
El pasado 12 de marzo el cuerpo de Casanto Mauricio, de 55 años, fue encontrado, con evidentes signos de crueldad, en una cueva cercana a su vivienda. El presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC), Teddy Sinacay, denunció entonces que el crimen se habría perpetrado a manos de un vecino colono de la comunidad, que desde hace más de cinco años venía amenazando y hostigando a la lideresa asháninka por negarse a cederle parte de sus terrenos.
La presidenta del Congreso compartió esta acción a través de redes sociales.
El presunto asesino fue detenido por la Policía en un primer momento, pero habría sido liberado en menos de un día, según mencionó Sinacay. Asimismo, el presidente de CECONSEC sostuvo que la mujer asháninka no denunció las amenazas a las autoridades ni a la comunidad debido a la constante intimidación que recibía por parte de su vecino.
A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria instó también a que el Mininter informe a su despacho “sobre la política de protección de poblaciones indígenas y defensores ambientales que lleva a cabo su institución en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la tala ilegal y la invasión y tráfico de tierras”, ante el incremento de las amenazas contra esta población que lleva mucho tiempo pidiendo la protección del gobierno.
