En medio del avance del país hacia la adjudicación del Lote 192 de Loreto, que viene sufriendo derrames de petróleo por casi 50 años, los expertos de la ONU pidieron al Gobierno peruano que haga cumplir las sentencias de los organismos reguladores, y que los daños medioambientales sean remediados en consulta con las comunidades indígenas afectadas.
Derrame ocurrido el 23 de noviembre del 2019 en la línea troncal de 12¨ que va hacia la zona adyacente a Jibaro Isla, en el distrito Trompeteros, en la provincia y departamento de Loreto. Foto: PUINAMUDT
12:40 | 28 de junio de 2021.- Desde Ginebra, los expertos de la ONU, Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Marcos Orellana, relator especial de las Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos, pidieron al Perú «limpiar los daños medioambientales en el mayor yacimiento petrolífero del país y remediar el daño causado a las comunidades indígenas que viven en sus proximidades».
«Hacemos un llamamiento a Perú para que aplique sus propias decisiones gubernamentales y haga cumplir las sentencias de los organismos reguladores de que los daños medioambientales deben ser limpiados en consulta con las cuatro comunidades indígenas que viven en la tierra», dijeron los expertos, en medio del avance del país hacia la adjudicación de los derechos de exploración y explotación petrolera por 30 años en el Lote 192 de Loreto, que ya sufre de casi 50 años de derrames de petróleo y contaminación.
Agregaron que la continúa exploración de combustibles fósiles agrava la emergencia del cambio climático global, toxifica las tierras, aguas y recursos de los pueblos indígenas, y socava fundamentalmente las protecciones ambientales. «A lo largo de los últimos 50 años, la contaminación por petróleo ha amenazado absolutamente todo lo que estas comunidades necesitan para sobrevivir: sus cultivos, el agua, los peces, los bosques y los lugares sagrados. Al mismo tiempo, estas comunidades no disponen de instalaciones sanitarias adecuadas para atender sus problemas médicos», señalaron.
Para los relatores especiales, el gobierno está acelerando un proceso de consulta, ya plagado de irregularidades. «Cuatro federaciones indígenas -la Kichwa, la Quechua, la Achuar y la Urarina- aceptaron de buena fe participar en las consultas. Y ahora se encuentran con que el gobierno quiere seguir adelante con un nuevo contrato a pesar de que la empresa que anteriormente tenía el contrato, Pluspetrol Norte S.A., no ha cumplido sus promesas de limpiar las zonas dañadas e indemnizar a las comunidades», sostuvieron.
Recordaron además que Pluspetrol, que se retiró de la zona y se declaró en quiebra en diciembre, identificó por sí misma más de 2.000 lugares contaminados. El mes pasado, el gobierno peruano acudió a los tribunales para intentar bloquear la liquidación de la empresa hasta que cumpla sus compromisos, pues la salud de los pueblos indígenas se ha visto muy afectada por los vertidos de petróleo.
Asimismo, citaron un estudio del gobierno de 2019 que mostró que al menos el 57 por ciento de los pueblos indígenas que viven alrededor de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón estaban expuestos a altos niveles de plomo. Según el mismo estudio, el 45,9% de los niños mostraba niveles inaceptablemente altos de arsénico en la sangre, y el 25,6% tenía altos niveles de mercurio. El estudio también afirma que los vertidos de petróleo provocan cáncer y otras enfermedades.
«Hemos planteado estas cuestiones en repetidas ocasiones al gobierno de Perú desde 2014 y ahora es el momento de que el gobierno garantice que estas comunidades indígenas puedan vivir con seguridad y salud en sus tierras tradicionales. También es hora de que el gobierno garantice que las empresas petroleras cumplan con sus obligaciones de limpiar los impactos tóxicos en el medio ambiente. No se puede permitir que las empresas contaminen la tierra y los ríos, dañen la salud de la gente y luego se vayan», finalizaron.
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La nota original fue publicada en la web de ACNUDH.
