Desde la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) se exige que Rita Córdoba Tulumba, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en la región, sea removida de su cargo luego de sus polémicas palabras durante la última Mesa Técnica. Negó la existencia de la comunidad indígena kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, cuyos líderes vienen denunciando invasiones y avance de actividades ilícitas.
Fotografía tomada durante la última Mesa Técnica del jueves 12 de agosto. Foto: Diario Voces
Por: CAAAP
07:00 | 16 de agosto de 2021.- “Desde que ocupé la presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas ya he visitado dos veces el lugar. Esta mañana debo decir que la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu no existe. Yo no sé por qué el Gobierno Regional quiere hacer aparecer una comunidad que no hay”. Según recoge el diario local Ahora, estas fueron las palabras que la concejera regional Rita Córdoba Tulumba dijo durante la última Mesa Técnica de Titulación de Comunidades Nativas realizada el jueves 12 de agosto. Palabras que han molestado sobremanera a los líderes indígenas de San Martín, representados por la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) pues, además de concejera regional, Córdoba Tulumba es la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Por ello, a través de un pronunciamiento, están solicitando al Gobierno Regional de San Martín la remoción inmediata de Córdoba Tulumba como presidenta de dicha comisión.
Como ya ha sido publicado, en las últimas semanas Manuel Inuma y Quinto Inuma, apus de la comunidad awajún Santa Rosillo de Yanayacu, vienen denunciando que son amenazados de muerte por proteger sus tierras de invasores ilegales. De hecho, tuvieron que salir de su comunidad, junto a sus familias, para refugiarse en Tarapoto, donde reciben protección policial desde el 24 de julio. Así lo declararon ante varios medios de comunicación locales.
Recorte de prensa sobre este hecho. Fuente: Diario Ahora
Sin embargo, esta denuncia parece no convencer a la concejera. Pero desde CODEPISAM ya se han empezado a tomar acciones de denuncia a través de un pronunciamiento. En el mismo dicen: “Expresamos nuestra indignación y rechazo a las declaraciones vertidas por la Concejera Regional y presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Rita Córdova Tulumba, quien en la mesa de titulación en calidad de invitada, brindó su apoyo a las personas invasoras del territorio de la Comunidad Nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, desconociendo la existencia de la misma pese a encontrarse reconocida, en total desprecio y discriminación de los pueblos indígenas, proliferando una serie de frases agraviantes y acusatorias, en desconocimiento del marco legal que reconoce, ampara y protege los derechos territoriales de las poblaciones indígenas amazónicas”.
Según CODEPISAM, Córdoba Tulumba también habría, posteriormente, tratado de menospreciar y aminorar otro conflicto territorial, el que sufren los miembros de la Comunidad Nativa Awajún Shimpiyacu “haciéndoles responsables de los diversos ataques que reciben y que hoy en día siguen poniendo en riesgo su seguridad e integridad personal de parte de los invasores, quienes están ahí por responsabilidad del Estado, al haber titulado irregularmente propiedad al interior del territorio comunal legítimamente titulado”.
Por todo ello, y en representación de más de 120 comunidades nativas, CODEPISAM exige “al Concejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, la inmediata remoción de la concejera Rita Córdova Tulumba de la presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas”.
DATO: A pesar de esta controversia generada por las palabras de Córdoba Tulumba, durante la Mesa Técnica se acordó que el Gobierno Regional de San Martín (Goresam) envíe un equipo técnico a la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu, que actualmente se encuentra dividida y en conflicto, con la participación de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam), federaciones y sus equipos técnicos, Policía Nacional del Perú y Fiscalía, para constatar in situ la situación real del problema.
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PRONUNCIAMIENTO COMPLETO
