Durante el evento «La Amazonía frente a la justicia climática y el Acuerdo de Escazú», la joven indígena señaló la importancia de empezar a establecer acciones locales para la protección de defensoras y defensores ambientales, las cuales permitan reforzar la implementación del Acuerdo de Escazú cuando este entre en vigor.
Foto: Cuencas Sagradas Amazónicas
Por: CAAAP
08:00 | 21 de abril de 2022.- La dirigente juvenil de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Gianella Sánchez, expresó su preocupación por la creciente violencia que se vive en la Amazonía y reiteró el pedido de las organizaciones indígenas sobre la urgencia de aprobar del Acuerdo de Escazú, una herramienta fundamental para la protección de los derechos colectivos, territoriales y ambientales de los pueblos indígenas y de los defensores y defensoras de la naturaleza.
Durante su participación en el evento paralelo a la COP1 del Acuerdo de Escazú “La Amazonía frente a la justicia climática y el Acuerdo de Escazú”, desarrollado el pasado19 de abril, la joven indígena del pueblo shipibo-konibo subrayó que, si bien es importante que este tratado internacional entre en vigor, se debe continuar reforzando su efectividad a través de acciones locales que permitan la protección de personas defensoras de derechos humanos.
En ese sentido, explicó que la implementación del Plan Biorregional Cuencas Sagradas 2030, propuesta para proteger la Amazonía de Ecuador y Perú bajo un enfoque «ecocéntrico», comparte objetivos con el Acuerdo de Escazú y contribuye a su fortalecimiento, pues busca la construcción y el sostenimiento de una red de defensoras y defensores ambientales. «Urge que los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes nos apoderemos de estos instrumentos y de estas luchas históricas que seguimos enfrentando», señaló.
La representante de AIDESEP sostuvo que en medio del escenario actual, donde ciudadanas y ciudadanos continúan luchando por la defensa de su territorio, haciéndole frente a actividades como el narcotráfico, la minería y la tala ilegal; las amenazas ya no resisten más papeles. «El Acuerdo de Escazú y nuestros derechos territoriales no deben esperar más. Lo que los pueblos indígenas exigimos son acciones. Los gobiernos y los Estados deben asumir estos desafíos regionales compartidos», agregó.
Asimismo, recordó que el Acuerdo de Escazú incluye por primera vez en el derecho internacional una referencia específica de protección a los defensores y defensoras ambientales, quienes muchas veces ponen en riesgo sus vidas para proteger sus derechos. “Este instrumento ya está teniendo muchos efectos en países de la región. Está siendo utilizado en sentencias, en resoluciones judiciales, en resoluciones de la Defensoría del Pueblo», puntualizó.
En el conversatorio “La Amazonía frente a la justicia climática y el Acuerdo de Escazú” también participaron Gregorio Diaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Domingo Peas, coordinador amazónico de Cuencas Sagradas; y Marlon Vargas, presidente de LA Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE).
