A través de una carta dirigida al Gobierno, los representantes de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) alzaron su voz porque se viene incumpliendo sistemáticamente los compromisos para atender a las comunidades afectadas por los derrames de crudo. «Si no obtenemos respuesta, advertimos al Estado Peruano interpondremos medidas legales y sociales que nos amparan por ley», señalaron.
Foto: PUINAMUDT
19:30 | 28 de junio de 2022.- Ante los constantes incumplimientos de los compromisos y desplantes por parte del Estado para atender a las comunidades indígenas afectadas por la actividad petrolera en el Lote 8 de Loreto, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), envió una carta al Gobierno en la que advirtió que, si se continúa dilatando sus demandas, interpondrán medidas legales y sociales, amparados por la ley.
Esta organización indígena, que incluye a más de 60 comunidades Kukama y Urarinas de la cuenca del Marañón y Chambira, exige la aprobación inmediata del Plan especial de Salud Integral Intercultural y de Monitoreo de Metales Pesados e Hidrocarburos 2022-2026. Y es que, pese a que premier Aníbal Torres anunció hace tres meses ante el Congreso de la República su implementación, el Ministerio de Salud aún no lo firma, atribuyendo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha negado el presupuesto.
De acuerdo a esta carta, son los ministerios de Salud, Energía y Minas, Economía, Educación, Vivienda y la Presidencia del Consejo de Ministros los sectores que han mostrado desentendimiento e inoperancia a sus demandas. «Nosotros no cerramos la capacidad de diálogo y discusión en los procesos paralizados, pero venimos encontrando inacción y desatención constante por lo que exhortamos debe atendérsenos sin dilatación alguna», resaltaron.
Sin respuesta
Dentro de estas demandas también se exige iniciar el Plan de Remediación ambiental en la comunidad nativa de San Pedro de Urarinas, pues señalan que existe obstaculización por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) e indecisión de la secretaría técnica que administra el Fondo de Remediación, que ha planteado observaciones fuera del plazo establecido, contraviniendo los acuerdos de la última sesión de la Junta de Administración del Fondo que integra.
Una situación que fue explicada a través de un pronunciamiento emitido por la asamblea comunal de esta comunidad el 21 de junio. De acuerdo a esta información, este plan fue aprobado el 16 de mayo, sin embargo, debido a la modificación de los términos de referencia (TDR) que establecen la ruta de cómo se van a realizar los estudios, a partir de la inclusión de nuevos puntos de muestreo de flora, fauna e hidrogeológicos, se aumentó considerablemente el costo para rehabilitar el sitio S0008-A en S/. 598 958.15.
No obstante, los miembros de la Junta de Administración acordaron que, luego de enviar la información, transcurrirán cinco días hábiles para la formulación de observaciones por parte de cualquiera de los miembros. Este plazo, indicaron, se cumplió el 13 de junio sin observaciones formuladas. «Entendemos que cumplir estos plazos van en función de cumplir con la reprogramación de incluir dos temporalidades en los estudios (…) y que por eso es necesaria la firma de contrato para el 28 de junio», indicaron.
En el pronunciamiento, la comunidad nativa de San Pedro de Urarinas señaló que fue el propio sector del Estado que estableció el aumento de puntos de muestreo, y por tanto, el aumento del presupuesto del Plan de Remediación. Fue el Gobierno quien, precisamente, envió una comunicación el 16 de junio instando, bajo responsabilidad, a no firmar el contrato por estar en desacuerdo con el costo final. «Esta comunicación presentada por la Dirección General Ambiental de Hidrocarburos incumple los propios acuerdos llegados en la última Junta de Administración así como el silencio administrativo que debe aplicarse para este caso», explicaron.
Finalmente, expresaron su preocupación e indignación porque se les excluye de nuestros derechos colectivos, y anunciaron que de no tener respuestas por parte del Gobierno, tomarán medidas drásticas. «El Estado y Profonanpe deben hacerse responsable superando sus propias contradicciones, indecisiones y desinformaciones que entrampan el inicio de la remediación ambiental. Nosotros no cerramos la capacidad de diálogo y discusión que confiamos dar a nuestros representantes y asesores, capacidades que reafirmamos pero que deben darse de manera paralela y sin dilatar los procesos ya dados», afirmaron.
Consulta previa
En la carta enviada al gobierno por ACODECOSPAT también se hace mención al proceso de consulta previa del Lote 8, pues existe una demanda legal constitucional presentada por el incumplimiento de acuerdos al MINSA, MINEM, MVCS, MINEDU Y MINCUL, en marzo de este año. «La demanda fue admitida en el juzgado 1 de Nauta, el 30 de mayo, y continuaremos el debido proceso esperando respuesta y respeto a nuestros derechos humanos», detallaron.
