Imagen referencial. Foto: PUINAMUDT
«Hay falta de voluntad política del gobierno. No se decide a asumir responsablemente los grandes daños que ha ocasionado el mismo Estado. Si las empresas petroleras han contaminado es porque lo han permitido, porque no hay normas que garanticen la vida de los seres humanos y la vida de la gran biodiversidad que tenemos en la Amazonía». Son las palabras de Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), organización indígena que, junto a otras tres en Loreto, inició el último domingo 21 de agosto una movilización permanente ante la postergación de los compromisos del Estado para atender la agenda de los pueblos indígenas.
La primera medida dispuesta por ACODECOSPAT, la Federación Indígena Quechua del Pastaza
Y es que, es en esta comunidad donde nace el oleoducto Norperuano y se instala la primera planta de Petroperú, los pobladores han solicitado el mejoramiento del servicio eléctrico. Sin embargo, la respuesta recibida es que se les entregará paneles solares, equipos que serían insuficientes para el consumo real que se da en la zona. «Lo que San José de Saramuro quiere es que si van a seguir usando su territorio, Petroperú potencie sus equipos, sus máquinas, sus motores y que le entreguen la energía que esa comunidad por derecho les corresponde», detalló el apu Alfonso López.
El presidente de ACODECOSPAT sostuvo además que en San José de Saramuro existe otro grupo de empresarios que no pertenecen a la comunidad nativa, con quienes el Estado sí ha conversado acerca de la aprobación para la entrega de los equipos de energía solar. «Enterados de esto han venido a Lima a conversar con el viceministro que debe ver sobre este tema del servicio eléctrico, y le han pedido ir a sentarse con la comunidad a conversar. Cuando se han ido a la comunidad igual no han conversado con ellos, sino con el grupo de empresarios», añadió.
Sin remediación
Las organizaciones que integran la plataforma PUINAMUDT representan a más de 100 comunidades indígenas de la cuenta de los ríos Marañón, Chambira, Corrientes, Tigre y Pastaza, ubicadas en la región Loreto. Desde hace más de diez años, estas comunidades vienen reclamando el cumplimiento de los compromisos del Estado para reparar los crímenes ambientales cometidos por la actividad petrolera del último medio siglo en sus territorios. La agenda pendiente contiene más de una decena de casos sin solucionar. Entre ellos están la remediación ambiental de los sitios contaminados; el pago de servidumbre y compensaciones a las comunidades afectadas por los derrames petroleros; y la recategorización y construcción de puestos de salud y escuelas.
A ello se le suma que el gobierno actual tampoco pretende otorgar más presupuesto para la remediación ambiental de las zonas contaminadas en el Lote 192 y Lote 8. «No nos olvidemos que el Lote 192 abarca los grandes humedales que están reconocidos en el planeta en la zona del Pastaza. Pero también está la gran Reserva Nacional Pacaya Samiria en el Lote 8, enteramente contaminada y destruida, y frente a eso el Estado no quiere asumir responsabilidades», apuntó el apu Alfonso López.
Las organizaciones indígenas anunciaron que hasta que no haya avances concretos en los compromisos suscritos en el Acta de Acuerdos de Consulta Previa, no se permitirá el ingreso de una nueva empresa petrolera en el Lote 192. «Se debieron de implementar mesas de trabajo que debió liderar el Ministerio de Energía y Minas, pero se han cambiado hasta cuatro ministros y no se puede hacer nada. Las consignas nuestras son concretas, es atender la vida de la gente. No es un negocio para el gobierno regional, por lo tanto no dan importancia a lo que los pueblos indígenas podamos hacer», continuó,
Reactivar el diálogo
Las organizaciones indígenas de las cuatro cuentas precisaron que para reactivar el diálogo se debe generar una reunión con el Primer Ministro en territorio de las comunidades. «Parte de los compromisos es que el Ministerio de Energía y Minas designara 100 millones de soles anuales para la remediación de los sitios contaminados, pero este año están diciendo se acabó, y solo se ha destinado 8 millones para alimentar el fondo de remedición. Una de nuestras exigencias es que se cumpla este compromiso en el marco de la Ley 30321 para remediación ambiental», explicó el presidente de ACODECOSPAT.
Asimismo, existe un plan de salud que se ha elaborado durante tres años de la mano de expertos que acompañan a las federaciones y del Ministerio de Salud, y que necesita de aprobación y presupuesto para implementarse en el 2023. Este Plan de Salud Intercultural de las cuatro cuencas beneficiaría a más de 500 comunidades indigenas de distritos donde se realiza la actividad petrolera.
En ese sentido, las comunidades indígenas otorgaron un plazo de 45 días para que el Estado reactive con ellos las reuniones de alto nivel en las comunidades. Advirtieron que, de no cumplirse con este plazo, evaluarán y decidirán en asambleas iniciar acciones más efectivas. «Reiniciaremos la medida y vamos a bloquear el río Marañón de forma indefinida hasta que nos podamos sentar con el gobierno para encontrar una salida», apuntó López.
