Nueve años después de la muerte de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, sus familiares están a un paso de encontrar justicia. La Corte Superior de Justicia de Ucayali adelantó la lectura de la sentencia contra los implicados, que habrían ejecutado el cuádruple crimen en respuesta a las denuncias que, desde 2008, los dirigentes indígenas presentaron por la tala de madera ilegal en sus territorios.
Imagen referencial. Foto: Internet
Por: CAAAP
14:00 | 20 de febrero de 2023.- Después de nueve años, los deudos de los cuatro dirigentes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto están muy cerca de encontrar la justicia que tanto han buscado. Cerca de la frontera con Brasil, donde la presencia del Estado es casi inexistente, en agosto de 2014, emboscaron, torturaron y mataron a Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, como represalia por denunciar la tala y extracción de madera ilegal en sus territorios.
Durante más de tres horas, la Corte Superior de Justicia de Ucayali leyó el adelanto de la sentencia que condena a 28 años y tres meses de prisión a los empresarios madereros Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta, quienes serían los autores intelectuales del crimen, así como contra sus trabajadores Eurico Mapes Gómez y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, por ser los responsables de ejecutar el cuádruple homicidio. La sentencia también ordena el pago de una reparación civil de 200 mil soles a favor de los familiares de las víctimas.
El caso de Saweto se remonta a 2008, cuando Edwin Chota Valera denunció por primera vez la existencia de una mafia de traficantes de madera que operaba en su comunidad a través de las empresas Eco Forestal Ucayali -de propiedad de Estrada Huayta- y al aserradero Forza Nuova. Sin embargo, la denuncia fue archivada porque las autoridades competentes no pudieron realizar la verificación del lugar por falta de logística. Un año antes del crimen, Chota Valera y Ríos Pérez denunciaron por segunda vez la depredación de sus bosques, pero, otra vez, no fueron escuchados.
Un lugar llamado Saweto
Para llegar a la comunidad Alto Tamayo Saweto, ubicada en la margen izquierda del río Alto Tamaya, en la provincia de Coronel Portillo, se debe viajar durante tres días en bote y peque-peque desde la ciudad de Pucallpa. Siguiendo este mismo camino por el río, a 60 kilómetros se encuentra la frontera con Brasil. Luego de muchos años de lucha, la comunidad, que alberga a familias de la etnia ashéninka, logró la titulación de sus tierras. Para ese entonces, sus cuatro dirigentes ya no se encontraban para acompañarlos.
El líder indígena Edwin Chota encabezaba la lucha por la titulación de su comunidad. Foto: Getty.
Los familiares de las víctimas han seguido un largo proceso judicial, propio del sistema que tiene acostumbrado a millones de peruanos y peruanas. Durante ese tiempo han enfrentado y denunciado múltiples amenazas por parte de taladores ilegales. Sintiéndose atemorizados y olvidados, intentaron continuar con sus vidas sin dejar de lado su batalla contra la impunidad. Mientras tanto, los implicados en el asesinato de los líderes indígenas atravesaban el proceso judicial en libertad.
Pese a que ha pasado casi una década, la situación no ha cambiado mucho en esta parte de la Amazonía peruana. Las invasiones a la comunidad se detuvieron, momentáneamente, durante los primeros años de su titulación, pero hoy, a la tala ilegal de madera se han sumado grupos de cocaleros que, aprovechando la ausencia del Estado en esta zona fronteriza con Brasil, han encontrado el lugar ideal para realizar sus actividades, aprovechando el espesor de la selva.
Jorge Ríos también fue asesinado hace nueve años por defender su comunidad. Fuente: Getty
La región de Ucayali sigue siendo gravemente afectada por la deforestación ocasionada por el narcotráfico y la tala ilegal. Según un informe de la Gerencia Regional Forestal de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali, durante el 2021, se sufrió la pérdida de cobertura boscosa en un área de 31,543 hectáreas debido a actividades ilegales. Además de los bosques de producción permanente, las comunidades nativas son la segunda categoría territorial con mayor deforestación.
Sentencia con indicios
El 15 de febrero, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali leyó un adelanto de la sentencia contra los cinco acusados del asesinato. De acuerdo al juez del Juzgado Penal Colegiado Permanente, Jason Panduro del Águila, la decisión de la condena se tomó de forma unánime, en base a los indicios recolectados durante la investigación y a los testimonios, pues no se encontraron pruebas materiales o científicas que vincularan a los acusados con los crímenes.
«Es preciso señalar que en este caso no han existido contraindicios. Es decir, en la zona donde han habido el conflicto, los asesinados únicamente han tenido conflictos con los miembros de esta empresa maderera. No han existido otras personas o empresas que hayan tenido conflictos con los miembros de la comunidad nativa, ni en los alrededores, como ha pretendido señalar la defensa técnica. Todos los testigos han señalado a los integrantes de esta empresa», indicó el magistrado.
El próximo lunes 27 de febrero se leerá la sentencia completa. A partir de esa fecha, los abogados defensores tendrán diez días hábiles para sustentar su apelación ante el juez que emitió la condena. De ser aceptada esta última, el caso podría ser elevado a la Primera Sala Penal de Apelaciones.
