Mientras tres dictámenes en favor de su protección aguardan ser debatidos en el Congreso, más de 50 líderes de diversas comunidades denuncian que medidas estatales implementadas son insuficientes.
Wilfredo Tsamash Cabrera, presidente de la CODEPISAM
Por: Daniela Valdivia Blume, Infobae
12:00 | 30 de mayo.- Actualmente, tres dictámenes en favor de la protección de defensores ambientales aguardan ser debatidos en el Congreso de la República. Estos buscan garantizar un entorno seguro para estos ciudadanos, reforzando la responsabilidad del Estado en su conjunto y no solo de un sector particular.
Pues, este grupo vulnerable continúa enfrentando numerosos ataques y amenazas que siguen acabando en asesinatos, como es el caso de Victorio Dariquebe Gerewa, el último defensor indígena asesinado en Perú.
Al respecto, durante el II Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras Indígenas, organizado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó un análisis legal sobre dichas propuestas legislativas, destacando la urgencia de una ley que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y contemple mecanismos preventivos, de rendición de cuentas y de reparación en favor de dicho grupo.
¿Cómo va el camino de aprobación de los proyectos en el Congreso?
Hasta el momento, entre los proyectos de ley analizados, dos han avanzado en el Congreso. El Proyecto de ley 4686/2022-PE, centrado en la protección de defensores de derechos ambientales, y el Proyecto de Ley 2069-2021-PE, enfocado en la protección de dirigentes comunales e indígenas.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó ambas iniciativas legislativas, presentadas por la congresista Janet Milagros Rivas Chacara (Perú Libre), mientras que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizó una revisión conjunta denominándola “Ley de protección de las personas defensoras de derechos ambientales”.
Economías ilegales avanzan rápidamente en territorios indígenas
Por otro lado, en el marco del evento que abordó la agenda indígena este martes 28 de mayo, más de 50 líderes de diversas comunidades indígenas amazónicas, representados a través de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), cuya fundación cumplió 44 años esta semana, volvieron a denunciar el aumento de actividades ilegales en sus territorios, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
“Para nosotros es importante visibilizar los casos de líderes asesinados. Si no se hacen visibles las cifras, no hay incidencia para que las familias encuentren justicia”, declaró Miguel Guimaraes, vicepresidente y responsable del Programa Defensa de Defensores Indígenas de Aidesep en RPP.
Por ello, reiteraron el pedido de asignar un presupuesto específico para implementar medidas efectivas que protejan las vidas de los defensores indígenas.
34 líderes asesinados desde 2013
Según Aidesep, desde 2013, la creciente violencia en territorios indígenas ha dejado un saldo de 34 líderes asesinados por enfrentarse a grupos ilegales que amenazan sus tierras ancestrales.
Frente a ello, los dirigentes expresaron que las medidas estatales implementadas hasta ahora son insuficientes. “El papel no aguanta la bala”, afirmaron, resaltando la demanda de fortalecer las estrategias de autoprotección debido al “limitado apoyo por parte de las autoridades”
Asimismo, Wilfredo Tsamash Cabrera, presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam), declaró al mismo medio radial: “Nos enfrentamos a fuerzas armadas, criminales e incluso a sectas religiosas que promueven la venta de nuestras tierras. Supuestas rondas campesinas de centros poblados vienen hostigando a los pobladores de diversas comunidades nativas”.
En la misma línea, los líderes también criticaron la “normatividad ambiental permisiva” y la ineficacia de los mecanismos de protección para los defensores indígenas, criticando la incapacidad del Estado para facilitar la titulación y demarcación de las comunidades contribuye al incremento de la ilegalidad, lo cual representa una “deuda pendiente” con los pueblos indígenas.
Además, opinaron que los proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno no consideran aspectos sociales ni ambientales de las comunidades nativas, lo que incrementa los riesgos y vulneraciones a sus derechos.
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