Por CAAAP.
El conversatorio «Territorios indígenas en riesgo: el papel de la legislación en los impactos petroleros» abordó cómo algunas leyes, mediante tecnicismos a favor de las empresas extractivas, agravan los impactos petroleros en la Amazonía. Alfonso López, líder indígena, y América Arias, experta en salud pública, destacaron la urgencia de implementar medidas interculturales para mitigar los daños a la salud, y recalcaron el rol vital de los pueblos indígenas como guardianes de sus territorios.
Foto: stock.
El pasado 18 de octubre se llevó a cabo el conversatorio virtual «Territorios indígenas en riesgo: el papel de la legislación en los impactos petroleros«, donde se discutió, desde una perspectiva de salud intercultural, cómo algunas leyes recurren a tecnicismos para favorecer a las empresas extractivas y respaldar violaciones de derechos humanos en perjuicio de los pueblos indígenas.
El evento contó con la participación de Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), y América Arias, especialista en salud pública e intercultural. Juntos analizaron las consecuencias de los derrames petroleros en las comunidades indígenas de la Amazonía, destacando la necesidad de implementar medidas operativas, intersectoriales e interculturales que puedan mitigar el daño en la salud y el medio ambiente.
Alfonso López, cuyo territorio ancestral se ha visto gravemente impactado por los derrames, expresó: “La actividad petrolera se presenta como una promesa de desarrollo, pero en realidad es una amenaza de destrucción. Contaminan el territorio donde cultivamos, donde hay vida misma”. López señaló que, pese a los intentos de colaboración con las autoridades, el deterioro ambiental persiste y afecta no solo al medio ambiente, sino también a la cultura y las formas de vida indígenas, que se van perdiendo entre territorios invadidos por el extractivismo.
En este contexto, el líder indígena subrayó el papel vital de los pueblos como guardianes de la naturaleza y la importancia de la inclusión de sus conocimientos ancestrales en cualquier normativa que implique la defensa de sus territorios. “Hay estudios y reconocimiento a nivel internacional que los pueblos indígenas son promotores de protección y cuidado del territorio. Frente a toda esta invasión, nosotros, con metales en nuestra sangre, seguimos adelante en nuestros territorios con la intención clara de construir un modelo de salud que el Estado nunca cumple”, remarcó López. El modelo de salud que proponen se basa en una convivencia armónica con la naturaleza, en contraposición a los impactos destructivos que trae la actividad petrolera.
Derecho a la salud y legislación actual
Por su parte, la especialista en salud pública, América Arias, enfatizó la importancia de garantizar el derecho a la salud de las personas afectadas por derrames de hidrocarburos con una perspectiva integral. Según Arias, el acceso efectivo a la salud depende de cuatro puntos clave: claridad en la estrategia de actuación política, el uso de términos únicos y bien reconocibles, una visión integral del ser humano y sus necesidades en su contexto, y contar con datos íntegros y rigurosos sobre el tema abordado.
A pesar de que existen leyes que buscan enfrentar los efectos de los derrames petroleros, Arias advirtió que estas no se han traducido en protocolos clínicos claros que permitan a los profesionales de la salud atender adecuadamente a las personas afectadas. “Faltan guías prácticas y claras para que los médicos sepan cómo atender a las personas afectadas por la contaminación. La legislación existe, pero no se implementa de forma operativa”, expresó. Además, subrayó la importancia de diferenciar entre aquellos que han sido afectados y los que han sido expuestos a la contaminación, sugiriendo que se deben desarrollar estrategias de atención para cada grupo de manera diferenciada.
Respecto a la recopilación de datos precisos, normas como el recientemente aprobado Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames o Fugas de Hidrocarburos, resultan insuficientes, según la experta. “La propuesta para este Registro Único habla de un derrame, como si no hubiera una situación de emergencia sistémica en la Amazonia y otras regiones. Después habla de causas y derechos de las víctimas, sin mencionar el derecho a la salud”, resaltó. Añadió, además, que leyes como estas no deben tener nombre propio, sino abarcar la problemática de manera abstracta y con enfoque intercultural.
Arias hizo hincapié en que una estrategia integral debe incluir la atención inmediata a las personas afectadas, como el monitoreo a mediano y largo plazo de las consecuencias de la contaminación en la salud. “No podemos seguir aceptando que se usen tecnicismos en la legislación de salud, la falta de guías prácticas y demoras en la aplicación de las medidas legales. Para cambiar el chip en los gobiernos locales y regionales no debemos solicitar que saquen ellos un plan de salud, sino hacer directamente nosotros (organizaciones indígenas y de la sociedad civil) las propuestas de plan”.
El conversatorio destacó la urgencia de que el Estado asuma su responsabilidad y elabore guías prácticas para la atención sanitaria en las zonas afectadas por derrames. De igual manera, reconoció el papel clave de los pueblos indígenas en la defensa y protección de sus territorios ante los impactos de la actividad extractiva. Sin una verdadera acción concertada y un enfoque integral, los pueblos indígenas seguirán luchando por su derecho a la salud y la protección de sus territorios.
Este viernes 25 de octubre se realizará un nuevo conversatorio virtual titulado «Territorios indígenas en riesgo: perspectivas ambientales para la prevención y remediación de derrames», donde se ampliarán las discusiones sobre las afectaciones ambientales y se dialogará sobre estrategias para la protección integral de los territorios indígenas.
