A más de un año de su categorización como Parque Nacional, Sierra del Divisor es aún amenazado por la tala ilegal y los cultivos de coca. Ojo-Publico.com recorrió los bosques del Ucayali, donde tres comunidades nativas shipibo-konibo denuncian estas actividades ilícitas desde el año 2015.
Sierra del Divisor cuenta con la mayor concentración de biodiversidad en el Perú.
11:11|21 de febrero de 2017.- UCAYALI. El equipo liderado por el fiscal ambiental José Guzmán Ferro estaba perdido. Los miembros de las comunidades shipibo-konibo Nuevo Saposoa y Patria Nueva, que guiaban la caminata abriéndose paso con machetes entre la húmeda vegetación de la Amazonía, tuvieron que volver. La diligencia del fiscal llevaba una hora de caminata y se encontraba ya dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor, en la frontera con Loreto. De pronto, en medio del bosque se abrió una amplia zona sin árboles: cultivos ilegales de coca crecían en un área deforestada de aproximadamente una hectárea (equivalente a un campo de fútbol).
«Con este tipo de sembríos somos amenazados», explicó Teófilo Magipo, jefe de Nuevo Saposoa, mientras un dron se elevaba para fotografiar el área dividida en dos mitades: una árida, con restos de árboles quemados por el fuego; la otra, pintada con el verde amarillento de la hoja de coca. Un equipo de Ojo-Publico.com acompañó a la intervención fiscal, junto a miembros del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), el Instituto del Bien Común y la ONG Rainforest, para conocer el estado de estos bosques ubicados a tres horas de navegación por los ríos Ucayali y el Tacshitea.
En su informe del año 2015, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ya había advertido sobre la expansión de los cultivos ilegales de hoja de coca en Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú, sobre todo en las zonas de amortiguamiento. Con respecto al año 2014, el monitoreo de la UNODC registró que estos cultivos ilícitos incrementaron su superficie en 22.9% dentro de las ANP, aunque este informe no registró actividad ilegal en Sierra del Divisor.
Ojo-publico.com comprobó, durante la diligencia realizada la última semana de enero que, por lo menos, un cultivo ilícito de coca crece en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor, en los terrenos de ‘Nuevo Saposoa’, ubicado en el distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo.
No es la primera vez que la Fiscalía encuentra este tipo de cultivos en Sierra del Divisor. En diciembre de 2015, Junior Castañeda Ccori, en ese entonces fiscal adjunto, intervino a un promedio de 20 personas, entre ellas adultos y niños, que cosechaban hojas de coca dentro del Parque Nacional. Por falta de personal –acompañaron la diligencia solo dos policías de la División de Medio Ambiente–, aquel día no hubo detenciones. Esta vez, el dron solo encontró una vivienda abandonada a unos metros de la zona.
LOS ‘INVASORES’
En los últimos años, las comunidades nativas de Ucayali han estado marcadas por la violencia. En 2014, presuntos madereros informales asesinaron a Edwin Chota y otros tres líderes de la comunidad asháninka Alto Tamaya-Saweto, crimen cuyos responsables hasta ahora no han sido sancionados. Lo mismo ocurrió un año antes en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor: en setiembre de 2013, el cadáver de Eliseo Picón, shipibo-konibo de ‘Patria Nueva’, fue encontrado cerca de la quebrada Sábalo, al lado de la carretera Noriega (como se le conoce en Pucallpa) con signos de estrangulamiento.
“No queremos más muertes ni perder otra familia más”, reclamó Roberto Guerra, jefe de la comunidad nativa shipibo-konibo ‘Patria Nueva’, en referencia al asesinato impune de Picón, antes de recorrer la carretera Noriega –durante el segundo día de la diligencia fiscal– que cruza el territorio en que ‘Patria Nueva’ está pidiendo ampliación.
Dos son las asociaciones que ocupan ilegalmente este territorio: la Asociación Agraria Agroforestal ‘Nuevo Edén’, cuya presidenta es Lidia Durand, originaria de Villa Rica, en Pasco y la Asociación de Agroexportadores Ecológicos ‘Comunidad Cristiana Jeruel’, liderada por José Rivera Chuquipa. Ambas se han opuesto en reiteradas oportunidades a las solicitudes de ampliación de territorio presentadas por ‘Patria Nueva’, argumentando posesión del terreno anterior a la creación del parque nacional e incluso acusando a la comunidad nativa de traficar madera. Según los miembros de ‘Patria Nueva’, más adelante en la carretera también hay sembríos de coca.
Lo mismo ocurre en el terreno de ‘Nuevo Saposoa’. En esa zona, la Asociación de Productores Agropecuarios ‘Nuevo Rayal’, conformada por lo menos por ocho familias, se opone a la ampliación de los terrenos de la comunidad nativa, a pesar de que en agosto de 2016 la asociación aceptó ser trasladada al caserío de Parinari, ubicado en el límite con la comunidad nativa Korin Bari.
LA LUCHA POR LA TITULACIÓN
Los títulos de propiedad no solo permiten retirar legalmente a los invasores: la tasa de deforestación promedio es menor cuando las comunidades nativas son dueñas de la tierra, además de promover una producción sostenible de madera y otros productos forestales, concluye un estudio publicado por el World Resources Institute. De las 10 mil comunidades campesinas y nativas que hay en el Perú, 4.500 no tienen título de propiedad, según cifras del Instituto del Bien Común.
Las comunidades nativas colindantes al Parque Nacional Sierra del Divisor luchan desde hace casi una década por salir de estas estadísticas. Aunque ‘Nuevo Saposoa’ solicitó ampliación territorial en 2008, una resolución directoral del Gobierno Regional de Ucayali aprobó su título de propiedad sobre el área solicitada como ampliación recién el último 25 de enero, un día antes de iniciada la diligencia fiscal. La comunidad nativa ‘Korin Bari’ recibió el título de sus territorios el último miércoles 8 de febrero, mientras que la autoridad regional ya aprobó el plano de demarcación territorial de la ampliación solicitada por ‘Patria Nueva’, en septiembre del año pasado.
“La titulación es lo más importante porque nos da a las comunidades indígenas garantías sobre nuestro territorio”, explicó Diana Ríos, representante asháninka de la comunidad Alto Tamaya-Saweto e hija de Jorge Ríos, uno de los cuatro líderes asesinados. En un acto simbólico, Ríos entregó a Magipo la resolución que otorga el título de propiedad a la comunidad nativa ‘Nuevo Saposoa’. «Si queremos combatir a la tala ilegal y la corrupción, tenemos que apoyarnos entre pueblos indígenas”, aseguró Ríos.
Ernesto Cabral / Ojo Público
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Fuente: La República
