Las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos en las regiones de Junín, Ucayali y Loreto han provocado una grave crisis humanitaria en las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. La falta de respuesta efectiva por parte del Estado y la desatención histórica a las demandas de los pueblos originarios agravan la situación, poniendo en riesgo la vida, la salud y los derechos humanos de miles de personas, especialmente de los pueblos indígenas amazónicos.
En una carta dirigida a la Presidencia de la República y otros representantes del Poder Ejecutivo, los Obispos de los Vicariatos Apostólicos integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), en articulación con los obispos de la Pastoral Social del Perú y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), expresan su profunda preocupación por la reciente aprobación de la modificación a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta norma impone restricciones injustificadas a las organizaciones de la sociedad civil, limitando su labor en la promoción de derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. Por ello, exhortan al Poder Ejecutivo a observar la ley y a garantizar el respeto a la democracia y las libertades fundamentales, evitando medidas que silencien a la sociedad civil y debiliten la defensa de los derechos humanos en el país.
Comunidades indígenas de la zona de influencia del Lote 8 han denunciado públicamente la ausencia de ministerios en reuniones de dialogo que fueron acordadas a raíz del conflicto ocurrido en diciembre del 2024.
Desde febrero de 2024, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) implementó la Policía Comunal para proteger su territorio de amenazas como la minería y el narcotráfico, y para garantizar el cumplimiento de la justicia comunitaria. En esta iniciativa, el GTAA reafirma el rol clave de las mujeres en la defensa territorial, integrándolas activamente en la policía comunal.
Organizaciones indígenas de la Amazonía y los Andes peruanos se oponen a la modificatoria de la Ley APCI y piden su observación, por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Advierten que esta y otras normativas buscan restringir su acceso a la justicia, desconocer sus estructuras organizativas y debilitar su capacidad de defensa.
La actividad reunió a 45 líderes y lideresas indígenas, quienes fortalecieron sus conocimientos en derechos y habilidades de vocería para defender sus territorios y comunidades. El taller forma parte de las acciones de fortalecimiento institucional de CECONSEC, en su camino hacia la consolidación de su autonomía y gobernanza.
Federaciones indígenas lograron la asignación de S/28 millones a municipios mediante el DU 040-2021 para 8 expedientes de postas y hospitales en comunidades indígenas desde 2022, pero hasta el día de hoy ninguna de estas obras ha sido entregada.
Organizaciones indígenas, el MINEM y otras entidades estatales instalaron los subgrupos de Educación y Temas Contractuales para dar seguimiento a los compromisos asumidos en la consulta previa del Lote 8. Aunque se lograron algunos avances, comunidades denunciaron falta de organización y voluntad en el proceso de diálogo, lo que retrasó la instalación de los subgrupos.
La Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Tóxicos (PLANAMETOX), compuesta por ciudadanos y ciudadanas de 16 regiones afectadas por esta grave problemática, renueva la coordinación de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana (MTSAH), compuesta por 17 organizaciones de la sociedad civil, que acompaña su posicionamiento, defensa y exigencia de atención integral.
Mujeres indígenas de la región amazónica de San Martín, Kenia y Escocia compartieron sus experiencias de lucha frente a la imposición de áreas naturales protegidas y otros mecanismos de despojo, reafirmando la importancia de la resistencia y la unidad de las mujeres en la defensa de sus territorios.
Dos derrames recientes en el Oleoducto Norperuano han contaminado fuentes de agua y territorios del pueblo Awajún, afectando su salud, seguridad alimentaria y economía. Mientras Petroperú culpa a terceros por los derrames, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) y las comunidades afectadas denuncian el abandono estatal y la negativa de Petroperú a entablar un diálogo que permita alcanzar soluciones concretas.
Organizaciones indígenas de San Martín, la Amazonía peruana y otras partes del mundo suscribieron la Declaración de Puerto Franco en el marco del Encuentro de Pueblos y Naciones Indígenas por una Conservación con Respeto a sus Derechos, realizado en Juanjuí, región San Martín. En esta declaración, expresan su respaldo a la comunidad de Puerto Franco, afectada por la conservación excluyente del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), y denuncian que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y los gobiernos regionales generan división en sus comunidades al establecer áreas naturales protegidas (ANP) que afectan sus territorios. Asimismo, rechazan la presión del Estado para crear nuevas ANP sobre territorios ancestrales y renuevan su compromiso de fortalecer la autonomía y libre determinación de los pueblos frente a un modelo de conservación que amenaza su identidad cultural. A continuación, compartimos el pronunciamiento completo.
La situación de la epidemia sanitaria que, desde el 11 de febrero, afecta a los niños de la comunidad nativa Checherta sigue siendo crítica. Entre el miércoles 19 y el sábado 22 de febrero, el número de niños enfermos ha aumentado. Sin embargo, los esfuerzos de los comuneros de Checherta por llamar la atención de las autoridades de Loreto están dando sus primeros frutos, con el compromiso de la llegada de una brigada de salud completa para atender la emergencia el lunes 24.