El pueblo kukama del río Marañón reafirma su compromiso por la defensa de su autonomía indígena

Con el objetivo de abordar la gobernanza indígena de sus territorios, se desarrolló el 22° Congreso de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT). Líderes y dirigentes de más de 60 comunidades nativas de Loreto se reunieron del 21 al 22 de octubre.

Foto: René Ruiz / CAAAP

19:00 | 24 de octubre de 2023.- La comunidad nativa Dos de Mayo, ubicada en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, se convirtió en el punto de encuentro de más de 60 líderes y dirigentes indígenas amazónicos. Reunidos del 21 al 22 de octubre en el XXII Congreso de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODEOSPAT), este año el tema central fue la protección de su autonomía indígena.

El primer día del Congreso se centró en la defensa del territorio integral. Los líderes y dirigentes presentes abordaron la evaluación del mapa integral, una iniciativa esencial para comprender y preservar sus territorios; a la que se sumó una capacitación a monitores ambientales y comuneros. Además, se acordó dotar de planos actualizados a las comunidades que viven al interior de la reserva, lo que permitirá sentar las bases para que, en meses posteriores, se inicie un proceso de demarcación territorial.

Foto: René Ruiz / CAAAP

Este encuentro contó con la participación de representantes de la UGEL de Nauta – Loreto, con quienes se hizo énfasis acerca de la labor docente que se cumple al interior de las comunidades nativas; la Red de Salud Loreto – Nauta, quienes realizaron una campaña médica durante el espacio de este Congreso; así como el antropólogo Alberto Chirif y los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Protocolo contra la violencia

Durante el segundo día se ahondó en la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; brindando aportes en los protocolos de actuación, a fin de afianzar la justicia comunal para que se cumpla con la protección y sanción de estos actos de violencia. Nilda Vázquez, magistrada de la Corte Superior de Justicia de Loreto, lideró la charla donde, además, se planteó la construcción de un protocolo de actuación en casos de violencia familiar que puedan surgir al interior de estos territorios.

Foto: René Ruiz / CAAAP

Por su parte, el juez Nervo Atarama Lonzoy desarrolló el tema de justicia intercultural y violencia sexual, explicando los avances y retrocesos en materia judicial y su comparación con la justicia indígena. Un tema propicio para que ACODECOSPAT pueda elaborar su propio protocolo de actuación en casos de violencia sexual, y se discuta acerca de la importancia de que en los estatutos se delimite la responsabilidad de la asamblea comunal y del apu en este tipo de casos que, involucran, en su mayoría, a menores de edad.

Criminalización a comuneros

Otro de los puntos de la agenda fue la elaboración y aprobación de un pronunciamiento acerca de la situación que viven dos dirigentes kukama de la comunidad nativa de San Pedro de Urarinas, detenidos por presuntamente estar vinculados al caso “Los Crudos”, que investiga los cortes y daños al Oleoducto Norperuano para direccionar contratos de limpieza. Como se recuerda, el último 19 de octubre, el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra de ambos.

En ese sentido, ACODECOSPAT anunció que está organizando una movilización para exigir al Estado que los operadores de justicia actúen de acuerdo a las normas que los protegen, respetando los derechos de los pueblos indígenas. «Ellos no niegan de que sus comuneros, según sea el caso, se sometan a la a la jurisdicción occidental, siempre y cuando se respeten sus derechos, y no hayan sido juzgados dentro de la justicia indígena», mencionó Verónica Shibuya, abogada y coordinadora de la oficina del CAAAP en Iquitos.

Foto: René Ruiz / CAAAP

El documento también destaca la importancia de que se respeten las autonomías indígenas y la autodeterminación de los pueblos, tal como lo señala el Convenio 169 de la OIT. «Recalcan que la comunidad, de acuerdo al estatuto, prefiere hacer extensivo en asamblea cuando el comunero comete una infracción a la ley penal, para que sea sancionado, investigado, y procesado por la ley occidental cuando ellos lo autoricen y en el marco de la gravedad de la situación. Ellos sancionan la expulsión del comunero comunera y lo ponen a disposición de las autoridades», añadió la letrada.

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