La Amazonía peruana vive una de sus crisis más graves: derrames petroleros, minería ilegal, violencia contra líderes y líderesas indígenas y el...
La Amazonía peruana vive una de sus crisis más graves: derrames petroleros, minería ilegal, violencia contra líderes y líderesas indígenas y el...
En el marco de los 125 años de la creación de las Prefecturas o Vicariatos en la Amazonía peruana, se abrirá un espacio de diálogo sobre la labor...
Delegaciones de siete regiones del sur del país se encontraron en Cusco para compartir diagnósticos y propuestas frente al extractivismo, las economías ilegales y la falta de reconocimiento a los territorios colectivos. Líderes amazónicos y andinos coincidieron en que solo unidos podrán defender sus derechos.
En el contexto de la primera Asamblea Eclesial de la Amazonía Peruana, realizada en la ciudad de Lima del 27 al 29 de enero, obispos amazónicos, misioneros y misioneras, laicos y representantes indígenas se reunieron y reflexionaron sobre la grave crisis ambiental que enfrenta la Amazonía.
La modificatoria de la Ley de Flora y Fauna Silvestre (Ley N° 31973) entró en vigor el 11 de enero de 2024. Un año después, organizaciones indígenas esperan la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda de inconstitucionalidad de la norma. En este artículo, analizamos, junto a lideresas indígenas y especialistas, los impactos de esta ley a los derechos de los pueblos indígenas y el futuro de la Amazonía.
El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) anuncia nuevas iniciativas para promover la soberanía alimentaria mediante módulos de formación sobre técnicas agrícolas ecológicas y ancestrales. Durante el año 2025, el GTAA llevará a cabo capacitaciones dirigidas a mujeres sobre cultivos tradicionales. Estos esfuerzos buscan contrarrestar la pérdida de semillas y cultivos locales, ocasionada por la introducción de productos alimenticios del mercado externo en el territorio, entre otros factores.
Ante el abandono del Estado, el pueblo Awajún de Amazonas se organiza en autodefensas para protegerse de la minería ilegal y de las organizaciones...
Durante la presentación del informe anual "Posicionamiento político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH frente a la situación de los...
Manuela Amasifuén Sangama, ceramista kichwa de Lamas, reinaugura Lluytakuna Wasi, su primer espacio propio, fruto de décadas de lucha por el reconocimiento, la justicia y la valorización del arte indígena. Este lugar, símbolo del esfuerzo colectivo de las mujeres de su comunidad, busca promover el respeto y la retribución justa por el arte amazónico, al tiempo que inspira a las nuevas generaciones a valorar sus raíces y a preservar el legado cultural de sus ancestros.
La comunidad kichwa de Puerto Franco, en San Martín, logró un fallo histórico que reconoce la vulneración de sus derechos territoriales tras la imposición del Parque Nacional Cordillera Azul sin consulta previa. La sentencia ordena titular sus territorios ancestrales, anular concesiones forestales y garantizar su participación en la gestión del parque y los beneficios del proyecto de créditos de carbono (REDD+). Este hito marca un precedente clave para los derechos indígenas frente a políticas de conservación excluyente y actividades estatales inconsultas.
ACODECOSPAT anuncia suspensión de su movilización hasta enero, tras 18 días de tomar el control territorial del río Marañon. La decisión nace de los acuerdos tomados en la reunión que sostuvieron el pasado 8 de diciembre con dos representantes de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros en San Pedro de Maypuco.
En el marco de la campaña nacional por una Amazonía libre de Minería, encabezada por AIDESEP, líderes indígenas se congregaron en un foro social y...
Organizaciones indígenas, sociales y de la sociedad civil rechazan el dictamen que modifica la ley de la APCI, al considerar que vulnera la libertad de asociación y limita la cooperación internacional. Advierten que, de aprobarse, tomarán acciones legales por inconstitucionalidad, debido a los riesgos para el financiamiento de proyectos y la protección de derechos en el país.