El nuevo informe de Amnistía Internacional alerta sobre el aumento de la violencia contra defensores del ambiente, la falta de respuesta estatal ante desastres ecológicos y un entorno normativo cada vez más hostil para la sociedad civil. En Perú se reportaron asesinatos de líderes indígenas, decenas de incendios forestales y comunidades aún afectadas por derrames de petróleo no resarcidos.
El último martes, 29 de abril de 2025, luego de tres reprogramaciones, la Sala Mixta de Juanjuí (región San Martín) llevó a cabo la vista de causa para evaluar el caso de la comunidad nativa kichwa de Puerto Franco, luego de que, en diciembre del año pasado, un juzgado emitiera una sentencia en primera instancia que declaró fundada la demanda presentada en 2020 por dicha comunidad y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía (CEPKA), con la que enfrentan un modelo de conservación excluyente que despojó a Puerto Franco de su territorio, hoy superpuesto con el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y concesiones forestales. Sin embargo, cuando el acto judicial ya estaba en curso, los jueces decidieron reprogramarlo una vez más.
Federaciones de la provincia de Contamana, Ucayali, denunciaron en audiencia pública las amenazas que enfrentan sus territorios, demandaron el respeto a la Consulta Previa y exigieron frenar el avance de leyes y proyectos que vulneran sus derechos colectivos.
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