La comunidad de Puerto Franco exige al Estado que cumpla con su obligación de titular su territorio ancestral superpuesto al PNCAZ y concesiones forestales. La decisión final está en manos de la Sala Mixta de Juanjuí, que deberá resolver si ratifica una sentencia histórica a favor de los derechos territoriales del pueblo kichwa.
Jornada conmemorativa reunirá a especialistas, líderes indígenas y artistas para analizar el impacto del Baguazo y los desafíos pendientes en la defensa de los derechos de los pueblos amazónicos.
El 30 de mayo desapareció Javier Abel Cruz, jefe de la comunidad Alto Yurinaki, ubicada en la provincia de Chanchamayo. De inmediato, la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC), sus comunidades bases y la Seguridad Indígena Amazónica (SIA) se movilizaron para iniciar la búsqueda del líder. Asimismo, la organización denunció su desaparición ante la Policía Nacional del Perú (PNP) que todavía no está participando en las rondas para ubicarlo.
Organizaciones indígenas y activistas afrodescendientes se reunieron esta mañana en una conferencia de prensa convocada por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP). Durante el evento, denunciaron intentos de exclusión e invisibilización de sus pueblos en el proceso del Censo 2025. Ante esta situación, exigieron una participación efectiva en los organismos que planifican el censo, la eliminación de la opción “mestizo” en la pregunta de autoidentificación y el respaldo del Ministerio de Cultura a sus demandas.
Las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos en las regiones de Junín, Ucayali y Loreto han provocado una grave crisis humanitaria en las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. La falta de respuesta efectiva por parte del Estado y la desatención histórica a las demandas de los pueblos originarios agravan la situación, poniendo en riesgo la vida, la salud y los derechos humanos de miles de personas, especialmente de los pueblos indígenas amazónicos.
En una carta dirigida a la Presidencia de la República y otros representantes del Poder Ejecutivo, los Obispos de los Vicariatos Apostólicos integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), en articulación con los obispos de la Pastoral Social del Perú y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), expresan su profunda preocupación por la reciente aprobación de la modificación a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta norma impone restricciones injustificadas a las organizaciones de la sociedad civil, limitando su labor en la promoción de derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. Por ello, exhortan al Poder Ejecutivo a observar la ley y a garantizar el respeto a la democracia y las libertades fundamentales, evitando medidas que silencien a la sociedad civil y debiliten la defensa de los derechos humanos en el país.
Comunidades indígenas de la zona de influencia del Lote 8 han denunciado públicamente la ausencia de ministerios en reuniones de dialogo que fueron acordadas a raíz del conflicto ocurrido en diciembre del 2024.
Desde febrero de 2024, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) implementó la Policía Comunal para proteger su territorio de amenazas como la minería y el narcotráfico, y para garantizar el cumplimiento de la justicia comunitaria. En esta iniciativa, el GTAA reafirma el rol clave de las mujeres en la defensa territorial, integrándolas activamente en la policía comunal.
Organizaciones indígenas de la Amazonía y los Andes peruanos se oponen a la modificatoria de la Ley APCI y piden su observación, por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Advierten que esta y otras normativas buscan restringir su acceso a la justicia, desconocer sus estructuras organizativas y debilitar su capacidad de defensa.
La actividad reunió a 45 líderes y lideresas indígenas, quienes fortalecieron sus conocimientos en derechos y habilidades de vocería para defender sus territorios y comunidades. El taller forma parte de las acciones de fortalecimiento institucional de CECONSEC, en su camino hacia la consolidación de su autonomía y gobernanza.
Federaciones indígenas lograron la asignación de S/28 millones a municipios mediante el DU 040-2021 para 8 expedientes de postas y hospitales en comunidades indígenas desde 2022, pero hasta el día de hoy ninguna de estas obras ha sido entregada.
Organizaciones indígenas, el MINEM y otras entidades estatales instalaron los subgrupos de Educación y Temas Contractuales para dar seguimiento a los compromisos asumidos en la consulta previa del Lote 8. Aunque se lograron algunos avances, comunidades denunciaron falta de organización y voluntad en el proceso de diálogo, lo que retrasó la instalación de los subgrupos.
La Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Tóxicos (PLANAMETOX), compuesta por ciudadanos y ciudadanas de 16 regiones afectadas por esta grave problemática, renueva la coordinación de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana (MTSAH), compuesta por 17 organizaciones de la sociedad civil, que acompaña su posicionamiento, defensa y exigencia de atención integral.