Su asesinato confirma el abandono del Estado a quienes protegen la Amazonía. La abogada Verónica Shibuya, del CAAAP, advierte sobre el fracaso del sistema de protección y el avance impune de economías ilegales en territorios indígenas.

Su asesinato confirma el abandono del Estado a quienes protegen la Amazonía. La abogada Verónica Shibuya, del CAAAP, advierte sobre el fracaso del sistema de protección y el avance impune de economías ilegales en territorios indígenas.
Sala Civil de Tarapoto revocó la demanda de organizaciones indígenas kichwas que exigía la demarcación de sus territorios ancestrales en áreas naturales protegidas. Argumenta un presunto incumplimiento de plazos, pese a que las organizaciones sostienen haber actuado conforme al marco legal.
El CAAAP presenta una cuidada selección de publicaciones en la Feria Internacional del Libro de Lima 2025, que invitan al conocimiento, la reflexión crítica y el diálogo intercultural sobre la Amazonía y sus pueblos. Encontrarás libros imprescindibles para comprender, desde diversas miradas, los desafíos, resistencias y aportes de los pueblos indígenas amazónicos. Visítanos en el stand 234.
En una conferencia de prensa realizada en Lima el 23 de mayo el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), con el respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunció la presencia de actividades mineras ilegales que amenazan el pueblo Awajún y su territorio. Asimismo, el GTAA hizo un llamado urgente a los medios de comunicaciones y la opinión pública para exigir que el Estado asuma su responsabilidad en la lucha contra la minería ilegal y señaló la inefectividad de Ley del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para contrarrestarla.
La reciente sentencia marca un hito en la lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales del pueblo indígena kichwa de San Martín y reafirma que estos no se oponen a la conservación, sino que la fortalecen.
El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) invita a los medios de comunicación y a la opinión pública a una conferencia de prensa en la que se abordará la crítica situación que enfrenta el pueblo awajún debido al avance de la minería ilegal en su territorio, así como los avances en la Agenda Mujer, la articulación con el Estado y el fortalecimiento institucional del GTAA.
En una región amazónica marcada por la delincuencia y el abandono estatal, misioneras y misioneros de Brasil, Colombia y Perú se reunieron para...
Organizaciones representantes de Perú, Colombia y Bolivia socializan prácticas de las comunidades del Abya Yala para la Transición ecológica Justa (TEJ). Desde el CAAAP, Luna Contreras resaltó el rol clave de la participación efectiva de las mujeres para lograr una verdadera TEJ.
CIDH exhorta al Estado peruano a derogar artículos de la Ley APCI que sean contrarios a los derechos de libertad de expresión, asociación y acceso a la justicia. Mientras tanto, la Corte IDH dispone que víctimas tengan defensa legal de ONGs en su instancia jurisdiccional en caso contra Perú.
Tras más de cuatro décadas de servicio pastoral en el Perú, Robert Francis Prevost ha sido elegido el nuevo sucesor de Pedro, convirtiéndose en el primer Sumo Pontífice con nacionalidad peruana. Su elección marca un momento histórico para la Iglesia universal y llena de esperanza a los fieles peruanos que lo conocieron como obispo, misionero y pastor cercano al pueblo.
Monseñor Alfredo Vizcarra SJ, arzobispo de Trujillo y administrador apostólico del Vicariato de Jaén, denuncia el avance descontrolado de la minería...
En la tercera audiencia de apelación del Caso Saweto, la ausencia de intérpretes en lengua ashéninka para los familiares de las víctimas vulneró sus derechos a un proceso justo y de acceso a la justicia. La audiencia, que se desarrollaba esta mañana, fue suspendida y reprogramada para el próximo 15 de mayo, tras confirmarse que no se contaría con interpretación en lengua originaria.
El nuevo informe de Amnistía Internacional alerta sobre el aumento de la violencia contra defensores del ambiente, la falta de respuesta estatal ante desastres ecológicos y un entorno normativo cada vez más hostil para la sociedad civil. En Perú se reportaron asesinatos de líderes indígenas, decenas de incendios forestales y comunidades aún afectadas por derrames de petróleo no resarcidos.