La inexplicable demora del Consejo de Ministros en crear el parque nacional podría generar una denuncia contra el Estado
Por Ricardo León
La Sierra del Divisor cuenta con una riqueza biológica única en el país, concentrada en las cadenas montañosas que alberga, y además provee de importantes recursos hídricos.(Foto: Dante Piaggio /El Comercio)
Hace un mes, a mediados de setiembre, un grupo de dirigentes indígenas de Loreto y Ucayali que habita en la zona reservada Sierra del Divisor emprendió un larguísimo viaje hacia Lima. Querían reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para preguntarle personalmente por qué el Gabinete aún no decide hacer de este territorio un parque nacional.
No consiguieron reunirse con Cateriano, pero sí con representantes del Congreso y la Defensoría del Pueblo.
Antes de emprender el viaje de retorno, conversaron con este Diario. “Necesitamos que se defina a la Sierra del Divisor como parque nacional, no queremos esperar más”, dijo Martha Cairuna, presidenta de la comunidad Nuevo Saposoa, y explicó que sus tierras de cultivo, ubicadas en suelos bajos, se inundan en época de lluvias y que la nueva definición territorial permitirá utilizar nuevas tierras. Habló también de los riesgos de que este espacio amazónico esté a merced de madereros, mineros y hasta cocaleros ilegales.
Antes de despedirse, Martha anunció que si el Gobierno no atendía sus pedidos, usarían la vía legal para exigirlo y demandarían al Estado. Eso está a punto de ocurrir.
Según explica Daniel Sánchez, jefe del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, esta entidad “está evaluando presentar una demanda constitucional contra el Estado por la vulneración del derecho de consulta previa, a pedido de las comunidades afectadas”.
Una historia de suspenso
Esta demanda sería un nuevo capítulo de esta larga historia que se remonta al 2006.
La Resolución Ministerial 0283-2006-AG, de abril de ese año, reconocía a la Sierra del Divisor como zona reservada. Fue nombrada zona reservada porque esta es una categoría provisional para que, luego de llevarse a cabo los estudios técnicos necesarios, se conforme un parque nacional, la categoría máxima.
Han pasado nueve años, se han hecho los estudios técnicos respectivos y hay un expediente pulido. En enero del 2014, además, terminó el proceso de consulta previa a los pueblos involucrados. Ignorar esta opinión de las comunidades significaría el incumplimiento del Estado del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a las poblaciones indígenas. Y esto es causal de demanda.
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Fuente: El Comercio
