La presidenta de la Organización Central de Comunidades Aguarunas del Alto Marañón dijo que la ayuda demora en llegar
Por Wilfredo Sandoval
Serías 42 las comunidades afectadas por el derrame de petróleo registrado el pasado 25 de enero en el kilómetro 441 del Oleoducto Norperuano, en la localidad de Chiriaco, en Amazonas. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)
Después de un mes de registrado el derrame de petróleo en la selva de Bagua (Amazonas), los moradores de unas 40 comunidades nativas del río Chiriaco (distrito de Imaza) siguen sufriendo las consecuencias de este grave atentado contra el espacio que ocupan ancestralmente.
La presidenta de la Organización Central de Comunidades Aguarunas del Alto Marañón, Luciana Dekentai, alertó que las autoridades del gobierno central demoran excesivamente en el envío de alimentos para las comunidades afectadas, que también sufren por la falta de agua potable.
Calculó que serían 42 las comunidades afectadas por el derrame de petróleo que el 25 de enero pasado se registró en el kilómetro 441 del Oleoducto Norperuano, en la localidad de Chiriaco. Mencionó que los pueblos indígenas afectados se ubican cerca de la quebrada Inayo y en ambas márgenes de los ríos Chiriaco y Marañón.
La dirigente comentó que recién ayer un grupo de trabajadores del Minsa y de Agricultura recorrieron algunas comunidades para conocer sus necesidades y los problemas que generó el vertimiento del combustible.
El lugar más alejado hasta el que llegaron fue la comunidad de Wanchis, a tres horas de navegación desde la localidad de Chiriaco. En esta localidad ocurrió el derrame de petróleo.
Luciana Dekentai también dijo que se encuentra preocupada porque decenas de indígenas que estuvieron en contacto con el crudo y que bebieron agua presuntamente contaminada presentan dolores de garganta, fiebre y dolor de cuerpo.
“Las comunidades exigimos a las autoridades que practiquen exámenes a los enfermos para conocer los males que padecen y les brinden un tratamiento adecuado”, exigió.
Mencionó que en algunas comunidades se está ejecutando proyectos de saneamiento y perforando pozos para extraer agua limpia; sin embargo, anunció que los moradores afectados alistan demandas contra Petro-Perú y el Estado para lograr una indemnización por los daños causados.
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Fuente: El Comercio
