En lo que va del año se han registrado tres derrames de petróleo.
Nota de Prensa 027/OCII/DP/2016
- Niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos, especialmente, ante desastres ambientales.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, invocó a Petroperú y al Poder Ejecutivo a mejorar su intervención ante futuras contingencias o desastres ambientales para evitar que la afectación inicial se incremente a raíz de la inadecuada o insuficiente acción de mitigación en los primeros días de sucedidos los incidentes, a propósito de los tres derrames petroleros producidos en lo que va del año en las regiones Amazonas, Loreto y Cajamarca.
El funcionario lamentó que las personas afectadas, en especial los niños, niñas y adolescentes, no estén protegidas adecuadamente ante los desastres ambientales. Asimismo, expresó su preocupación por la intervención de menores de edad en el recojo de petróleo en Imaza, por el peligro que representa para su integridad. También expresó su malestar por el fracaso en la contención del petróleo para evitar que llegara al río Chiriaco.
En ese contexto, Vega Luna llamó la atención para que la empresa tome medidas efectivas para evitar la participación de menores de edad en las labores de limpieza y remediación y solicitó que estos aspectos sean considerados en la implementación de los planes de contingencia.
Además recalcó que la declaración de emergencia sanitaria debe permitir que la población reciba agua, alimentos y atención de salud de manera suficiente y durante el tiempo necesario. Por ello, informó que la Defensoría del Pueblo realizará un seguimiento a las autoridades locales y regionales, al INDECI, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Ambiente, entre otras entidades, obligadas a intervenir ante la declaratoria de emergencia.
Vega también planteó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), revisen si Petroperú ha ejecutado diligentemente las medidas para controlar y minimizar los daños sociales y ambientales. “Se debe analizar si lo establecido en los planes de contingencia es adecuado o si hay irregularidades en su cumplimiento”, añadió.
Sobre el derrame petrolero producido en Pucará (Cajamarca) informó que “si bien se han derramado 500 barriles de petróleo, se trata de un hecho de menor gravedad que los producidos en Amazonas (2000 barriles) y Loreto (1000 barriles), no obstante las causas de los tres derrames, en todos los casos la empresa debe limpiar y remediar los impactos ambientales y sociales producidos”.
Además, señaló que la empresa debe pagar una compensación a todos los afectados, luego de indicar que es fundamental que OEFA exija y supervise la remediación de todos los derrames, además de imponer sanciones para desincentivar nuevas infracciones. “OSINERGMIN debe supervisar que los ductos y toda infraestructura tengan un buen funcionamiento, debiendo sancionar con suspensión temporal o definitiva aquellos casos de gravedad”, recalcó Vega.
El Defensor del Pueblo propuso que SUNAFIL verifique que los trabajadores que hacen labores de limpieza y remediación -muchos de ellos indígenas de las comunidades- no resulten afectados en su salud o vida tras precisar que está prohibido exponer al peligro a los menores de edad.
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Fuente: Defensoría del Pueblo
