La justicia para las numerosas víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en las cinco décadas de conflicto armado de Colombia debe ocupar el núcleo de las conversaciones de paz anunciadas hoy entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El gobierno y el ELN, el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia, han declarado que pronto tendrán lugar negociaciones oficiales de paz entre ambos, principalmente en Ecuador.
Se espera que el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firme un acuerdo de paz con el gobierno en las próximas semanas o meses, después de más de tres años de conversaciones.
“Las conversaciones entre el ELN y el gobierno, unidas al inminente acuerdo de paz con las FARC, traen consigo la esperanza de que pronto pueda darse por terminado más de medio siglo de conflicto en Colombia”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“No obstante, las autoridades deben garantizar que todos los sospechosos de ser penalmente responsables de delitos de derecho internacional cometidos durante este conflicto –ya sean miembros de las fuerzas de seguridad, paramilitares o miembros de grupos guerrilleros, al igual que terceros tales como empresarios y políticos– no escapan a la acción de la justicia ante tribunales civiles ordinarios.”
“El gobierno y el ELN deben garantizar que los derechos humanos, incluidas medidas para poner fin a la impunidad, ocupan un lugar central en las negociaciones.”
Los 50 años de conflicto en Colombia se han caracterizado por los abusos y violaciones de derechos humanos generalizados y sistemáticos, con prácticas que incluyen homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual.
Si no se respetan íntegramente los derechos de las víctimas del conflicto, no podrá haber una paz duradera y efectiva.
Los autores de estos abusos y violaciones de derechos humanos han sido las fuerzas de seguridad (actuando solas o en connivencia con los paramilitares) y los grupos guerrilleros.
Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como los defensores y defensoras de los derechos humanos, los líderes comunitarios y los sindicalistas, han corrido especial peligro.
“Si no se respetan íntegramente los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales, no podrá haber una paz duradera y efectiva”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.
“Los acuerdos sobre justicia alcanzados hasta ahora con las FARC no parecen cumplir ni mucho menos este requisito.”
Recientemente se ha producido un repunte de las amenazas y los homicidios contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
También ha habido continuos ataques contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas, cometidos en su mayoría por grupos paramilitares.
“Los recientes ataques contra activistas y otros grupos son un grave recordatorio de que, pese a las conversaciones de paz, la crisis de derechos humanos de Colombia continúa”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.
“Las autoridades colombianas deben ahora redoblar sus esfuerzos para proteger a esos grupos y comunidades en riesgo, con medidas que incluyan la lucha efectiva contra los grupos paramilitares y la ruptura de los lazos que esos grupos aún mantienen con algunos sectores de las fuerzas de seguridad.”
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Fuente: Amnistia Internacional
