Organizaciones solicitan su inmediata intervención debido a la tensión que se vive en algunas comunidades y que tuvo como origen la conducta del propio Estado.
Aurelio Chino Dahua recibe amenazas continuamente. Hace un mes atentaron contra su vida. Foto: Servindi
Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Estado peruano su inmediata intervención en la cuenca del Pastaza, en Loreto, debido a la tensión que se vive en algunas comunidades nativas de la zona y que incluso ha llegado a poner en riesgo la vida de Aurelio Chino Dahua, presidente de la federación nativa quechua del Pastaza, Fediquep.
Los hechos que dieron origen a esta situación se remontan a mediados del 2015, cuando se inicia el proceso de Consulta Previa del Lote petrolero 192 (antes llamado 1AB) en el cual participaron organizaciones representativas de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre.
Las organizaciones participantes fueron la Feconaco, del río Corrientes, la Fediquep, del río Pastaza y la Opikafpe, del río Tigre.
En ese marco, con los actores del diálogo ya definidos, «sorprendió la rápida creación e incorporación al proceso de una organización desconocida denominada ORIAP (Organización Interétnica del Alto Pastaza)», recuerdan las organizaciones civiles en un comunicado difundido esta semana.
Dicha incorporación por parte del propio Estado se hizo pese a que la ORIAP no era ni es actualmente una federación nativa sino una oenegé que se arroga la representatividad de dos comunidades de la cuenca del Pastaza.
Su inclusión forzada en el proceso finalmente llevó a que se ponga en tela de juicio la buena fe de la propia consulta y, posteriormente, condujo a que se instale un clima de tensión entre comunidades nativas.
La situación se agravó recientemente con la emisión de la Resolución Ministerial Nº 082-2016-PCM, del mes de abril, que reconoce a la ORIAP como parte de un grupo de trabajo con el Estado, creado para realizar acciones de coordinación para el desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, cuencas que han sido afectadas social y ambientalmente por más de 40 años de actividad petrolera.
Dicho esto, para las organizaciones de la sociedad civil este cuadro tiene como origen el reconocimiento de la ORIAP, por parte del Estado, para el citado proceso de consulta.
En ese sentido, le solicitan que «adopte medidas oportunas, extremando la cautela y sensibilidad en los procesos de diálogo con las comunidades, para asegurar la convivencia pacífica en la zona.»
Asimismo, piden considere y atienda la demanda de las federaciones sobre la mencionada resolución ministerial, «la cual atenta contra la buena fe y, así como sucedió en la Consulta Previa del Lote 192, es un nuevo intento de las autoridades y la Presidencia del Consejo de Ministros por dividir y generar conflicto al interior de los pueblos indígenas”.
Desde la aparición de la ORIAP varios han sido los enfrentamientos registrados.
«En determinadas ocasiones, (ORIAP) ha incitado a la violencia en la zona, como ocurrió durante la protesta por la resolución del proceso de Consulta previa en Agosto de 2015, cuando miembros armados de ORIAP amedrentaron a un grupo de manifestantes compuestos por familias y dirigentes de las comunidades», señalan las organizaciones.
De otro lado, cabe precisar que el segundo día de mayo se registró un atentado contra Aurelio Chino Dahua, presidente de la Fediquep. El incidente aún no ha sido del todo esclarecido.
El hecho tuvo lugar cuando Chino se trasladaba en un bote rápido en la desembocadura del río Huasaga. Según relató en su momento, del monte salieron disparos de arma de fuego que cayeron muy cerca de su embarcación. Logró salir íntegro del ataque gracias a las maniobras que realizó al conducir.
A continuación el comunicado completo:
Violencia y tensión en las comunidades afectadas por la actividad petrolera de los lotes 192 y 8 en el norte de la Amazonía peruana
El clima de violencia y tensión que se vive en las comunidades afectadas por la actividad petrolera de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón ha llegado a una situación de extrema gravedad. Dichos pueblos indígenas han sufrido desde 1971 los estragos de la actividad petrolera de los lotes 192 (ex 1AB) y 8, en la actualidad operados por Pacific Stratus y Pluspetrol Norte, que han llevado a que el gobierno peruano declarara el área en emergencia ambiental y sanitaria en 2013 y 2014. Además, dichas comunidades Quechuas, Kichwas, Achuares y Kukamas- vienen sufriendo diversos procesos de desestabilización interna de forma sistemática que acentúan la inseguridad en la zona.
El clímax de esta escalada de tensión se produjo el lunes, 2 de mayo de 2016, cuando se perpetró un ataque con arma de fuego contra el presidente de FEDIQUEP en la desembocadura del río Huasaga, cuya autoría aún es desconocida. El ataque, del que el dirigente salió ileso, fue precedido de amenazas de muerte recibidas durante más de año y medio.
En un momento histórico donde la violencia contra defensores de derechos humanos y ambientales se expande en América Latina, el clima de conflicto y tensión que se vive dentro de las comunidades del lote 192 es, según informan las federaciones locales, alentado por las intervenciones de algunos sectores del Estado y de las compañías petroleras.
La tensión que se vive en las comunidades corresponde, por otra parte, a la reciente creación de una nueva organización que ha promovido la conflictividad en la cuenca del río Pastaza y que ha permitido al Estado legitimar el proceso de consulta previa para la licitación de una nueva concesión petrolera en la zona. En el marco de un proceso de diálogo entre comunidades indígenas y Estado que duró más de tres años, sorprendió la rápida creación e incorporación al proceso de una organización desconocida denominada ORIAP, justo al inicio del proceso de Consulta Previa del Lote 192. Según información de Registros Públicos, ORIAP no estaba registrada como asociación sino como ONG – cuyos miembros eran personas individuales y no comunidades nativas- pero sus dirigentes, que dicen representar a dos comunidades quechua del Pastaza, fueron reconocidos por el Estado peruano como legítimos representantes de los pueblos indígenas. FEDIQUEP, la federación indígena quechua del Pastaza que junto a otras federaciones indígenas del Corrientes, Tigre y Marañón venían exigiendo al Estado un proceso de consulta previa desde 2012, agrupa a 17 comunidades de la cuenca del Pastaza y fue constituida hace más de 20 años.
A pesar de diversas y continuas denuncias al Estado sobre la falta de legitimidad de esta organización y del clima conflictivo que ha generado y promovido contra dirigentes de FEDIQUEP, el decidido reconocimiento institucional a ORIAP por parte del Estado, ha reforzado a esta organización, otorgándole medios y poder de influencia como interlocutor privilegiado. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por medio de la Resolución Ministerial 082-016-PCM del 15 de abril de 2016, volvió a darle protagonismo y espacio en todos los mecanismos de seguimiento de la implementación de los acuerdos que las federaciones FEDIQUEP, FECONACO, ACODECOSPAT y OPIKAFPE han conseguido con años de reivindicaciones, luchas y protestas. Otro ejemplo que demuestra el insistente reconocimiento del Estado a esta organización es la coordinación que ha realizado la Viceministra de Interculturalidad con ORIAP, sin aviso a FEDIQUEP ni al resto de federaciones, para la entrada, el 13 de mayo de 2016, de una Comisión de médicos especialistas que dio atención en salud a la población de la cuenca del río Pastaza.
Las federaciones FEDIQUEP, FECONACO, ACODECOSPAT y OPIKAFPE han expuesto y denunciado en múltiples reuniones con representantes del Viceministerio de Interculturalidad y otras instituciones estatales que, ORIAP no es, para ellas, la legítima representante del pueblo quechua del Pastaza y que, en determinadas ocasiones, ha incitado a la violencia en la zona, como ocurrió durante la protesta por la resolución del proceso de Consulta previa en Agosto de 2015, cuando miembros armados de ORIAP amedrentaron a un grupo de manifestantes compuestos por familias y dirigentes de las comunidades[1]. Es importante resaltar que las federaciones no se han opuesto al diálogo de ORIAP con el Estado, a la vez que han dejado claro que los acuerdos deben beneficiar a todas las comunidades; lo que ellas han expresado es su disconformidad ante el reconocimiento de una organización ilegítima y la negación a incluirla en sus espacios de diálogo con el Estado.
Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes solicitan al Estado Peruano que:
- Considere y atienda el reciente pronunciamiento de FEDIQUEP, FECONACO, ACODECOSPAT y OPIKFPE en el que señalan (4/5/2016) “que la RM 082-2016-PCM atenta contra la buena fe y, así como sucedió en la Consulta Previa del Lote 192, es un nuevo intento de las autoridades y la Presidencia del Consejo de Ministros por dividir y generar conflicto al interior de los pueblos indígenas” y;
- Adopte las medidas oportunas, extremando la cautela y sensibilidad en los procesos de diálogo con las comunidades, para asegurar la convivencia pacífica en la zona.
El Presidente de FEDIQUEP, Aurelio Chino Dahua, quien pudo ser víctima de este clima de tensión creciente, es un reconocido Apu y dirigente indígena del pueblo quechua del Pastaza, que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de su pueblo, exigiendo principios básicos como respeto y dignidad. A pedido del propio Apu Aurelio, se ha decidido no establecer denuncias ni que se abran investigaciones respecto al atentado, él está seguro de que estos hechos no corresponden a motivaciones que provienen del interior de su pueblo; el Apu confía en que cualquier asunto se resolverá internamente, de forma pacífica y hablando, como siempre se solucionaron los problemas en sus pueblos.
El fallido atentando contra su vida es un atentado contra los pueblos indígenas amazónicos que luchan en defensa de sus derechos más elementales y el porvenir de sus futuras generaciones.
Firman:
- Alternativa Intercambio con Pueblos Indígenas (Catalunya, España)
- Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació – SUDS (Catalunya, España)
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP (Perú)
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD (Perú)
- Colectivo Alerta Amazónica
- Cooperacción (Perú)
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú)
- Digital Democracy (Estados Unidos de América)
- Entrepueblos (España)
- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (Perú)
- Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – IWGIA (Dinamarca)
- Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS (Perú)
- Instituto del Bien Común – IBC (Perú)
- Recerca i Decreixement/Research & Degrowth (Europa)
- Servicios de Comunicación Intercultural – Servindi (Perú)
- Alberto Chirif, Perú
- Ana Leyva, Perú
- David Velazco Rondón, Perú
- Ingrid Sanca Vega, Perú
- Ismael Vega Díaz, Perú
- Luis Hallazi Méndez, Perú
- Martí Orta Martinez – Catalunya, España
- Rosa Quedana Zambrano, Perú
- Yaizha Campanario Baqué, Perú
- Renato Pita Zilbert, Perú
- Javier Mujica Petit, Perú
- Shapiom Noningo Sesen, Perú
[1] Es necesario aclarar que el ataque sufrido por el presidente de FEDIQUEP no sucedió en los territorios de las comunidades de ORIAP.
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Fuente: Servindi
