Foto: elpueblo.com.pe
Por Juan José Quispe – IDL
El 05 de junio de 2009, en Bagua, una zona casi desconocida por el grueso de la población, se produjo el más irracional, violento y descabellado desalojo de miles de manifestantes de las comunidades indígenas en la zona denominada “La curva del diablo”, quienes reclamaban pacíficamente que el gobierno aprista derogue un paquete de decretos legislativos que atentaban contra la titularidad de sus tierras, sus territorios, el agua y, en general, su ecosistema.
El dato “anecdótico” es que la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, estableció que la segunda vuelta electoral para elegir a un nuevo Presidente de la República del Perú se realizará el día domingo 05 de Junio del 2016.
Hay que ser claros. Siete años después, la indiferencia es total por todo lo ocurrido en Bagua. A nadie le interesa saber la verdad. Nunca se sancionó a los responsables políticos; por ejemplo el poder judicial hasta la fecha se niega a procesar a la ex Ministra del Interior Mercedes Cabanillas, el Ministerio del Interior claudicó en continuar con la búsqueda de los restos del mayor PNP Felipe Bazán Soles, entre otros.
Es increíble que –siendo un caso tan emblemático para el estado peruano en donde el mundo fue notificado con imágenes en vivo de la masacre que se ejecutó–, nuestros connacionales muestren una indiferencia absoluta por saber quiénes asesinaron a 33 personas (entre policías, indígenas y mestizos); quiénes causaron lesiones leves, graves y muy graves a 200 personas; por qué 4 líderes indígenas aún viven en la clandestinidad a pesar de que se ha demostrado que no fueron los que dieron las órdenes para que se quite la vida a los miembros de la policía nacional al interior de la “Estación 6 de Petro-Perú”, por qué aún sigue preso un mestizo en el penal San Humberto de Bagua Grande a pesar de haberse demostrado que se auto-inculpó de ser la persona quien efectuó 8 disparos contra el mayor Bazán cuando lo cierto fue que el mayor Bazán bajó vivo de “La curva del diablo”; por qué aún no se ha iniciado el juicio oral contra los efectivos policiales vinculados a lesiones y muertes de 20 personas.
Nos hemos vuelto tan indolentes ante el dolor ajeno y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas civiles del Baguazo. Estas personas, a las cuales el estado ha abandonado indolentemente, tienen que costear personalmente los gastos para curar sus heridas, principalmente causadas por disparos de arma de fuego. Muchos de esos casos denunciados como lesiones leves, hoy han sido archivados porque operó la prescripción; es decir, transcurrió el plazo para que el poder judicial pueda procesarlos y sancionar a los responsables, y así las familias puedan cobrar una reparación civil.
Mientras tanto, el poder judicial de Amazonas recién esta por culminar el primer juicio oral de los 4 que se producirán por los sucesos de Bagua. En el mes de Julio se dictará sentencia contra 52 acusados.
¿Acaso, no resulta inhumano que luego de 7 años de haber sido procesados los miembros de las comunidades indígenas, finalmente no sean absueltos por el poder judicial? ¿Quién reparará ese daño sicológico, moral, social?
Así estamos, frente a un país que está más pendiente de lo que le sucede a cada uno de los integrantes de nuestra farándula local, y le es indiferente lo que sufren cada uno de nuestros hermanos indígenas quienes fueron asesinados, lesionados y procesados por el solo hecho de defender su territorio, sus tierras y sus aguas. Seguimos en un país extremadamente indolente.
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Fuente: IDL
