Foto: Amnistía Internacional
El desalojo forzoso previsto de nueve familias de la comunidad guaraní kaiowá de Apika’y de sus tierras ancestrales en el estado de Mato Grosso do Sul es otro ejemplo de cómo las autoridades pisotean los derechos humanos para dejar sitio a terratenientes y beneficios; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Según el Consejo Indigenista Misionero, asociado local de Amnistía Internacional, un juez acaba de notificar a la comunidad que su desalojo forzoso tendrá lugar entre los días 13 y 15 de junio.
El inminente desalojo forzoso de Apika’y es un caso emblemático que pone de manifiesto violaciones a largo plazo de los derechos de la población indígena en todo el país, incluidos homicidios, amenazas de muerte, desalojos y el riesgo de efectos adversos en la legislación que protege sus derechos territoriales.»
En 2013, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, y Atila Roque, director ejecutivo de la Sección Brasileña de la organización, visitaron Apika’y y se reunieron con dirigentes indígenas.
“La noticia de que Apika’y, la comunidad guaraní kaiowá más vulnerable, está en peligro de desalojo forzoso inminente es sumamente preocupante. Las autoridades responsables deben rectificar con urgencia esta injusta decisión que vulnera claramente los derechos de los pueblos indígenas”, manifestó Salil Shetty.
“El inminente desalojo forzoso de Apika’y es un caso emblemático que pone de manifiesto violaciones a largo plazo de los derechos de la población indígena en todo el país, incluidos homicidios, amenazas de muerte, desalojos y riesgo de efectos adversos en la legislación que protege sus derechos territoriales”, afirmó Atila Roque.
La comunidad ha recibido un aviso de desalojo con cinco días de antelación. Cuando el gobierno local de Mato Grosso do Sul se negó a proceder con el desalojo, el juez encargado del caso pidió al Ministerio de Justicia que enviara a la Policía Nacional para ejecutar la orden de desalojo. Aunque se entiende que el Ministerio de Justicia no ha respondido, el jefe de la comunidad ya ha recibido la notificación y el desalojo es inminente.
Fue como estar en un lugar donde los derechos humanos prácticamente no existen. Miles de indígenas siguen sin ver demarcadas sus tierras.»
Durante la visita que realizó en 2013, Amnistía Internacional comprobó que el retraso en la demarcación de las tierras indígenas era una fuente de injusticias.
“Era como estar en un lugar donde los derechos humanos prácticamente no existen. Miles de indígenas siguen sin ver demarcadas sus tierras. Están siendo expulsados de sus tierras y muchos están perdiendo la vida. Es muy doloroso escuchar todas las dificultades que están atravesando estas comunidades, sabiendo además que esto no sólo ocurre aquí, sino en comunidades indígenas de muchas partes del país”, afirmó Salil Shetty durante la visita.
Amnistía Internacional hace campaña de manera continua por los derechos sobre las tierras de la comunidad de Apika’y y contra su desalojo, y ha publicado en fechas recientes una Acción Urgente sobre el caso:https://www.amnesty.org/es/documents/amr19/4103/2016/es/
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Fuente: Amnistía Internacional
