22:30|04 de noviembre de 2016.- A raíz del terrible siniestro que dejó sin hogar a cerca de 500 familias en la comunidad shipibo de Cantagallo en Lima, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) responsabilizó de la tragedia a la Municipalidad de Lima y a su alcalde Luis Castañeda Lossio, según se lee en un reciente pronunciamiento.
Recordó que la actual administración de Castañeda paralizó la reubicación de la comunidad “modificando el master plan del proyecto ‘Río Verde’”, el cual a su vez formaba parte del Proyecto vial Vía Parque Rímac –antes llamado Proyecto Línea Amarilla–.
Río Verde contemplaba el traslado de más de doscientas familias a un terreno de más de siete mil metros cuadrados ubicado en Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Para ello se creó un fideicomiso.
La actual gestión edil, que asumió el cargo el 2015, en lugar de continuar con el proyecto de traslado, optó por destinar el dinero de dicho fideicomiso a la construcción de un cuestionado by-pass en la céntrica avenida 28 de Julio.
Conocida la noticia, de que no se iba a realizar ningún traslado, la Municipalidad inició el diálogo con los dirigentes de Cantagallo, pero sin aterrizar en ninguna propuesta concreta de su parte. “Actualmente, la comunidad ha roto relaciones con la Municipalidad de Lima y no hay una articulación o diálogo claro entre las partes”, recuerda el Grupo de Trabajo.
Ante esta situación, dicho grupo viene exigiendo a la Municipalidad y a su alcalde “cumplir su deber de garantizar los derechos fundamentales a la vivienda, salud y educación de la comunidad de Cantagallo desde un enfoque intercultural, consensuando con la comunidad, y no imponiendo decisiones sobre sus vidas.”
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH lo conforman el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción, Fedepaz, la Red Muqui, entre otras organizaciones.
A continuación el pronunciamiento del Grupo de Trabajo:
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La Municipalidad Metropolitana de Lima y su alcalde
Luis Castañeda Lossio son responsables políticos
del incendio en Cantagallo
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ante el incendio que arrasó hoy las viviendas y bienes de la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo, expresa a las y los afectados su profundo pesar y solidaridad, así como su entendimiento de que esta tragedia tiene un único y gran responsable político: la Municipalidad Metropolitana de Lima y su alcalde Luis Castañeda Lossio, que negaron su reubicación digna, responsable y consensuada prevista en el proyecto Río Verde, para destinar los recursos previstos a la construcción del cuestionado by-pass de la Av. 28 de Julio.
El 12 de noviembre de 2009, se procedió a la suscripción del contrato de concesión del Proyecto “Vía Parque Rímac” (antes Proyecto Línea Amarilla), entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, en calidad de concedente, y la empresa de propósito Línea Amarilla S.A.C. – LAMSAC, en calidad de concesionario. La realización del proyecto Vía Parque Rímac hizo necesaria la reubicación de la comunidad, a partir de la imposición inconsulta de este proyecto. Este proyecto recortó el área de la comunidad, aumentando el hacinamiento; la construcción de las vías y posteriormente el tráfico vehicular levantan partículas de polvo y contaminantes que se extienden por la comunidad; la construcción ha afectado los servicios de agua, desagüe y electricidad; el tráfico vehicular causará niveles de contaminación sonora y de aire para la comunidad. Esto afectó los derechos del pueblo de Cantagallo a la salud, al agua, a la vivienda digna, a la identidad cultural y a la autodeterminación.
En el año 2011 la Municipalidad Metropolitana de Lima, ya bajo la gestión de Susana Villarán, inició un proceso de diálogo con la comunidad, con miras a lograr la reubicación al amparo del Convenio 169 de la OIT. El proceso logró la realización de un diálogo entendido como pre consulta previa y en el que se acordó la reubicación abarque la Escuela Intercultural Bilingüe (única escuela intercultural en Lima reconocida por el Estado). De esta forma, en el 2013 se firmó una adenda al contrato de concesión por el cual se crea un fideicomiso para la realización del proyecto Río Verde y obras de integración urbana, por el cual se trasladaría a la comunidad Cantagallo a un lugar con mejores condiciones de vida y de una forma intercultural. Lamentablemente, dicho contrato de fideicomiso tuvo como partes firmantes a la empresa concesionaria LAMSAC (fideicomitente), a la Municipalidad de Lima (fideicomisario) y al Scotiabank Perú (fiduciario), para la realización del Proyecto Río Verde y obras de integración urbana.
En el 2013 se creó un Grupo de Trabajo para viabilizar la reubicación de la comunidad Cantagallo. En dicho año se aprobó el Master Plan del proyecto Río Verde; uno de los componentes de dicho proyecto era el Conjunto Habitacional Shipibo, el Centro Cultural Shipibo y el Parque Cantagallo. Muestra del compromiso de la administración que en ese momento tenía la administración de la municipalidad de Lima eran algunos documentos que certificaban la prioridad de reubicar a los shipibos-konibo de Cantagallo. Así, tenemos el Oficio Nº 218-2014-MML-GPIP del 05 de junio de 2014 firmado por el Gerente de Promoción de la Inversión Privada de la municipalidad de Lima, en el cual señala que la prioridad de la primera etapa del proyecto Rio Verde es la Alameda de la Cultura, el Puente Ribereño Calle Quiroga y el Proyecto Shipibo (viviendas de corte popular, local comunal y colegio para comunidad shipiba asentada en Cantagallo a ubicarse en terrenos de la municipalidad de Lima de acuerdo al master plan aprobado en mayo de 2013). Asimismo, está el Decreto de Alcaldía Nº 16 del 22 de diciembre de 2014 por el cual la municipalidad de Lima prioriza la firma de contrato entre OAS y MML para que construya complejo habitacional.
Mediante Acta de Acuerdo de las Asociaciones Shipibo–Konibo de la Isla Cantagallo, suscrito el 15 de setiembre del 2014 en asamblea comunal, los Presidentes de las Asociaciones AKUSHIKOLM, AVSHIL y ASHIRELV, en calidad de representantes de los pobladores de la comunidad, dan su consentimiento a que la comunidad sea reasentada en el predio ubicado en Av. Malecón Checa S/N, Urb. Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho y con una extensión de 7,141 m2; el predio fue comprado el 7 de octubre del 2014. Dicho terreno fue efectivamente ya comprado pero, como sabemos ahora, dicho traslado, ratificado en ese momento por la comunidad, nunca llegó a producirse.
Lamentablemente, la actual administración de Luis Castañeda entró en el año 2015 y paralizó la reubicación de la comunidad Cantagallo, modificando el master plan del proyecto “Río Verde”; con ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima precisó que destinaría el dinero del proyecto “Río Verde” a otras obras de integración urbana. De esta forma, se construyó el by-pass de 28 de julio. Durante ese tiempo existieron negociaciones entre la Municipalidad de Lima y los dirigentes de Cantagallo, negociaciones que nunca concretaron una propuesta seria de parte de la municipalidad. Actualmente, la comunidad de Cantagallo ha roto relaciones con la Municipalidad de Lima y no hay una articulación o diálogo claro entre las partes.
En vista a ello, los shipibo-konibo de Cantagallo decidieron quedarse en el predio Cantagallo y comenzar a luchar por el reconocimiento formal de su predio y porque se entreguen servicios básicos de luz y agua, así como la mejora de las condiciones. Es con esta decisión de quedarse y reivindicar su predio que viene este incendio y deja sin viviendas a las comunidades.
Ahora el alcalde Luis Castañeda ofrece un terreno en Barrios Altos para trasladarlos, sin antes consultar con los miembros de la comunidad Shipibo-Konibo si quieren proceder de esta forma. Algunos dirigentes manifiestan su oposición a esta medida.
Por ello, desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH exigimos a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a su alcalde Luis Castañeda Lossio cumplir su deber de garantizar los derechos fundamentales a la vivienda, salud y educación de la comunidad de Cantagallo desde un enfoque intercultural, consensuando con la comunidad, y no imponiendo decisiones sobre sus vidas.
También expresamos nuestro total apoyo a la comunidad de Cantagallo en su totalidad, en especial a las casi 300 familias Shipibo-Konibo que han luchado tanto por tanto años por sus derechos y que siempre ha recibido la espalda del gobierno. Esperemos que esto cambie ahora.
Lima, 4 de noviembre de 2016