Victoria Tauli-Corpuz. UNSR.
15:05|10 de noviembre de 2016.- La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, expresó su preocupación sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina por parte de las corporaciones agrícolas, mineras y energéticas.
En entrevista con ONU México, la relatora señaló que los pueblos indígenas de todo el mundo se enfrentan a situaciones difíciles para la protección de sus derechos y de sus tierras y territorios por la expansión de las corporaciones agrícolas, como plantaciones de soya, caña de azúcar y los ranchos de ganado, así como los proyectos de infraestructura y de producción minera y de petróleo.
Esta situación también ha sido reportada en sus informes durante sus visitas oficiales a Paraguay, Honduras y Brasil, donde puedo ver que los derechos de los indígenas y sus tierras ha sido violados por la por la expansión de las corporaciones agrícolas, como plantaciones de soya, cana azúcar y los ranchos de ganado.
«Hemos notado mucha violencia contra los indígenas porque resisten a la invasión de sus tierras. También encontramos que en estos países, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado sentencias a favor de los indígenas, como ha pasado en Paraguay y en Brasil, estas decisiones no están cumplidas por los Estados. Esto se agrega al desplazamiento de estas personas de sus tierras, lo cual es una cuestión preocupante», dijo Tauli-Corpuz.
«Si bien hay una decisión a su favor, no se aplica esta sentencia en el país. No hay compensación o remediación de los daños que se les hicieron a ellos», agregó.
Por lo tanto, consideró que es necesario que los gobiernos, legisladores y empresas respeten los derechos de los pueblos indígenas al consultarlos antes de dar luz verde a un proyecto de desarrollo económico en su territorio.
La consulta, agregó, forma parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por México y la mayoría de los países de América Latina.
El convenio establece que los Estados deberán consultar a los pueblos indígenas «mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente».
También se menciona en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que los Estados «realizarán consultas y cooperarán con estas personas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado».
«El Estado tiene el deber de proteger los derechos de los indígenas, sus tierras, sus territorios y sus culturas. Los Estados deben ser capaces de hacer lo necesario y actuar y aplicar la ley para proteger sus derechos. También deben tener la capacidad de fortalecer la legislación», expuso la relatora.
Aseguró que los indígenas no son un problema para nadie, puesto que han contribuido mucho para proteger al mundo, los bosques, la biodiversidad y el agua.
«Han contribuido mucho al desarrollo, pero esto no está reconocido. Sus derechos son violados, hay mucha impunidad contra los indígenas», lamentó.
La relatora realizó una visita no oficial a México durante el cual participó al Coloquio Internacional: La Consulta Previa, Libre e Informada, estándares y experiencias internacionales y regionales, organizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad del Claustro de Sor Juana.
En ese evento, Tauli-Corpuz señaló su preocupación sobre la falta, a nivel global, de una aplicación efectiva de la consulta en el contexto de medidas legislativas o de planes para la explotación de recursos naturales o proyectos de inversión.
En entrevista, la relatora recordó que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en la Cumbre de la ONU sobre los Pueblos Indígenas el año pasado, donde dijo que iba a armonizar las leyes mexicanas para que sean consistentes con la Declaraciones de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
«Es una muy buena señal. Espero que realmente México apruebe una ley sobre los derechos de los indígenas, especialmente en materia de consultas, lo que sería muy consistente con los estándares internacionales en materia de derecho humano internacional», expresó.
«Es del propio interés del gobierno y las corporaciones proteger a los pueblos indígenas para mantener la paz, la biodiversidad y la diversidad cultural en el país, además de impulsar la contribución que estas personas que proveer para combatir el cambio climático», concluyó.
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Fuente: CINU
