10:10|18 de febrero de 2017.- El próximo 20 marzo, la comunidad shipibo de Cantagallo, asentada en Lima desde fines de los años noventa, expondrá su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia que se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos, donde esta tiene su sede.
Actualmente, la comunidad es habitada por alrededor de 300 familias, las cuales no cuentan con seguridad jurídica sobre sus predios, y tampoco disponen de servicios básicos como agua, luz y desagüe.
La solicitud de audiencia fue presentada en enero por la propia comunidad, con el apoyo técnico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
En la solicitud, los peticionarios señalan responsabilidad de la Municipalidad de Lima, a cargo de Luis Castañeda Lossio, en la situación que afrontan las familias del pueblo indígena Shipibo, debido a la cancelación del proyecto urbanístico “Río Verde”.
Anunciado en 2014, Río Verde contemplaba la reubicación de la comunidad en un terreno amplio y con acceso a todos los servicios.
Se trataba de un proyecto complementario a uno mucho mayor, de otra naturaleza y que en 2014 ya se venía ejecutando: Línea Amarilla, que luego pasó a llamarse Vía Parque Rímac. La empresa a cargo del proyecto vial es la brasileña OAS S.R.L.
Con el inicio de los trabajos, varias familias de Cantagallo fueron desplazadas. A raíz de Línea Amarilla, la comunidad “ha pasado por una serie de problemas internos y externos”, reconocen los peticionarios.
En el documento presentado ante la CIDH, señalan además que en noviembre del año pasado un incendio acabó con el 90 por ciento de las viviendas de la comunidad. La ayuda humanitaria de diversos sectores (algunas autoridades, pero principalmente ciudadanía) se ha hecho presente desde entonces.
“Ahora la comunidad de Cantagallo quiere quedarse unida, como la comunidad indígena que hasta el momento se consideran y que realmente son. Actualmente una Comisión Central viene negociando en una mesa única con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Cultura y la MML”, dice la solicitud.
No obstante, para las familias la inseguridad sobre el terreno que ocupan aún se mantiene al no disponer todavía de sus títulos de propiedad, pese a que existe el compromiso del Gobierno de que no serán reubicados.
La audiencia en Washington se realizará en el marco del 161º periodo ordinario de sesiones de la CIDH, que se desarrollará del 15 al 22 de marzo.