Derrames en la Amazonía: Petroperú y una estrategia que no le funcionaría más para evadir su responsabilidad

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Oleoducto Norperuano. Octubre de 2016, cerca de la comunidad 6 de Julio, en Loreto. Fue uno de los tantos derrames reportados ese año que tuvieron como origen el ducto de Petroperú. Foto: Barbara Fraser

14:15|02 de marzo de 2017.- Una auditoría realizada por la firma internacional KPMG reveló hace un par de semanas lo que podría ser la causa de los numerosos derrames reportados en la Amazonía [1]. En su página 41, refiriéndose al escape de cerca de tres mil barriles de petróleo del Oleoducto Norperuano en la comunidad de Cuninico (Loreto), en junio de 2014, su informe sostiene que este se produjo a consecuencia del retiro de un ‘elastómetro termo contraíble’ en un tramo de dicho ducto.

No obstante, pocos días antes de que esto se conociera, Petroperú, empresa responsable de la tubería, ya había señalado a las comunidades nativas que habitan cerca como las únicas responsables de todas las fugas. Lo hizo el 13 de febrero, a través de su abogado Jorge Soyer López, en el marco de una audiencia que tuvo lugar en la sede del Juzgado Mixto de Nauta, que preside la jueza Beatriz Velásquez Condori [2].

“El año pasado (2016) nos han cortado la tubería diez veces, y la razón del corte… o sea, ellos mismos (las propias comunidades) se han producido la contaminación porque nosotros estamos con el oleoducto parado desde febrero del año pasado” [3], dijo ante la jueza el abogado de la empresa estatal.


Intervención del abogado de Petroperú en una audiencia que tuvo lugar en Nauta (Loreto), el lunes 13 de febrero.

El año 2014, en el caso de Cuninico, la respuesta inmediata de Petroperú fue la de acusar directamente a la comunidad de cortar el ducto. No obstante, esa versión decayó luego de que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) determinara que la fuga se debió a una serie de faltas por parte de la empresa, como no darle mantenimiento a la tubería, y las cuales se encuentran señaladas en la Resolución Directoral Nº 844-2015-OEFA/DFSAI.

Ante ello, KPMG zanja sobre el origen del vertido al señalar que las investigaciones realizadas dan como resultado que el siniestro había sido consecuencia del retiro del ya mencionado ‘elastómetro termo contraíble’ en parte de la tubería, “originando su corrosión atípica y posterior falla”.

¿Quién habría retirado dicho revestimiento? Sin referirse específicamente a Cuninico y sin haberse hecho público hasta ese día los resultados de la auditoría, Soyer López dijo ante la jueza Velásquez Condori que fueron las comunidades nativas las que quitaron dicho elastómetro, y que por lo tanto estas provocaron la corrosión.

En un primer momento, dice que dicho desgaste fue producido “intencionalmente” por “terceras personas”, aunque luego va más lejos y afirma seguro –sin presentar o hacer referencia a alguna prueba material–: “¿Qué hacen los pobladores del Oleoducto? No voy a decir tal o cual comunidad: Agarran las pilas de la batería, las chancan y las amarran al costado del tubo para que se corroa. Eso es lo que hacen.” A los pocos segundos sentencia: “El tubo en las condiciones que está soportará unos 40 o 50 años más. No tenemos nosotros equipos obsoletos.”

Inmediatamente, los abogados de la otra parte, de las comunidades nativas que piden se les atienda precisamente por el derrame de Cuninico, calificaron de “temerarias” dichas acusaciones, al no presentar ninguna evidencia que les dé sustento.

Tras la audiencia, en diálogo directo con Soyer, este volvía a afirmar que “los 10 derrames reportados el año pasado todos fueron (por) cortes”. Incluso llega a señalar de memoria los puntos: “Nos han cortado en el kilómetro 15 del Oleoducto, en el 20, en el 53, 54 y 55; en el 66, 63, en el 87, en el 103”.

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Cuninico varios meses después del derrame. Foto: Barbara Fraser

El argumento de que los derrames son ocasionados por terceros ha sido recurrente en Petroperú. Por «terceros» entiéndase comunidades nativas. Según su lógica, las comunidades dañan el ducto con el fin de obtener algún beneficio monetario a través de los trabajos de limpieza y remediación. Otra versión señala más bien que quienes estarían detrás de las roturas son grupos foráneos que buscan firmar contratos para la limpieza con la propia empresa, y que recurren a mano de obra local.

De todo esto último, la empresa no ha podido presentar hasta ahora una prueba material. Lo cierto hasta el momento es que Osinergmin ha señalado que solo un 30 por ciento de los derrames en el país son ocasionados por atentados. Por su parte, la firma de ingeniería E-Tech Internacional sostiene que solo el 3 por ciento de los vertidos en el mundo son causados por sabotaje o terrorismo. Se impone así una aritmética que no favorece a los argumentos de Petroperú.


Según Soyer López, en sus actuales condiciones, el Oleoducto «soportará unos 40 o 50 años más».

La empresa no se ha pronunciado respecto a la auditoría y tal vez no lo haga. Lo que sí se sabe es que los daños ocasionados al ambiente y a las comunidades en la selva peruana, aún persisten y se materializan en contaminación de aguas y suelos, así como en enfermedades en hombres, mujeres, ancianos y niños.

Lo revelado por la auditoría debería neutralizar el argumento recurrente de Petroperú, pero también debería servir para que la empresa informe si está cumpliendo con dar mantenimiento «efectivo, inmediato e integral» al ducto, y si ya reemplazó aquellas partes «que han sufrido un deterioro severo o significativo» (R.D. N° 012-2016-OEFA/DFSAI); y así deje de evadir su responsabilidad.

Notas:

[1] El documento fue divulgado por el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), a través de su cuenta en el sitio web LaMula.pe.

[2] La audiencia tuvo lugar en el marco de una demanda de cumplimiento que presentaron las comunidades nativas de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco. La sentencia del caso se conocería a fin de mes.

[3] En junio de 2016 se abrió una polémica a raíz de un nuevo derrame. Para el OEFA, hasta aquel mes el Oleoducto seguía bombeando pese a la orden del Osinergmin, de febrero del mismo año, que prohibía su operación.

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