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Por Rocío Silva Santisteban
15:45|22 de marzo de 2017.- En enero estuve en Cocachacra, valle de Tambo, y la queja frecuente de los agricultores era el “estrés hídrico”: demora de las lluvias afectando, sobre todo, los cultivos de arroz por el retraso del crecimiento de los almácigos. Hoy caen huaicos y agua a torrenteras.
Este mes de enero se ha declarado el tercero más caluroso en el mundo (el primero fue 2016). En marzo ha caído nieve en los cerros de Chosica y, por supuesto, nuestro país está atravesado por esas venas abiertas que son los huaicos en el centro, el sur y el norte, además, de las inundaciones que, según Abraham Levi, convertirán al desierto de Sechura en una laguna. Paul E. Maquet ha hecho notar algo que no es palabra mencionada en nuestros informativos televisivos o radiales: cambio climático.
Es urgente la solidaridad con nuestros compatriotas y la prevención, pero también es urgente darse cuenta. Darnos cuenta de que este tipo de fenómenos extremos (sequía/inundación) en apenas dos meses de diferencia responde a un cambio global climático producto de la actividad humana.
Como dice Maquet: “estamos inmersos en un proceso de cambio climático y degradación del entorno natural, producto particularmente de actividades productivas e industriales. Por ello, la exigencia a las autoridades debe pasar también por una planificación en el uso del territorio que tome este fenómeno en alta consideración, que priorice la mitigación y la adaptación al cambio climático, que proteja nuestras cuencas y que asuma que los temas ambientales no son secundarios”. Ayer la ministra de Medio Ambiente, Elsa Galarza, digo algo similar.
¿Existe en nuestro país un uso del territorio acorde con los requeridos cambios civilizatorios para no destruirnos como especie humana? No, por supuesto que no, al contrario. El DL 1333 que, felizmente, fue suspendido en la Comisión de Constitución, y que debería ratificar el Pleno del Congreso este jueves, es lesivo contra los territorios de los pueblos indígenas y territorios protegidos y en preservación.
Ese decreto responde a una manera de entender el mundo: la urgencia de seguir usufructuando de la venta de nuestras materias primas: sea oro, cobre, fosfatos o sembríos para etanol. Por eso la disposición tan flexible de territorios para las empresas extractivas.
No estoy en contra de la minería pero sí de la minería que se convierte en extractivismo. El extractivismo, como lo ha señalado Eduardo Gudynas un sinnúmero de veces, es “un tipo particular de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, destinado sobre todo a la exportación de materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo”. El objetivo del extractivismo es extraer para que otros países produzcan. Pero extraer muchísimo, demasiado, ser un bulldozer de la naturaleza. Y a los gobiernos el deterioro de los recursos hídricos y territoriales, de la protección de los ríos o las fuentes de agua, o de la propia biodoiversidad, no les importa mucho.
En medio de esta tragedia que atravesamos como país debemos de ser conscientes sobre las futuras crisis del agua y prevenir siendo austeros y responsables.
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Fuente: La República
